El Gobierno dio quince días de consulta pública y no ha sido suficiente. El Ministerio de Hacienda ultima un texto que no goce del rechazo de patronal, sindicatos y expertos y uno de los pocos puntos en común sería el de poner un tope a la tributación de la indemnización por despido de 180.000 euros.
La postura supondría emular la fiscalidad que tienen ahora los sistemas forales del País Vasco y Navarra. En concreto, a diferencia de la regulación estatal, en estos territorios solo tributan a Hacienda las indemnizaciones que superen este montante. Por ahí van los tiros, confirmaron a el Economista fuentes de los agentes sociales presentes en la última reunión mantenida entre sindicatos, patronal y el Ministerio de Cristóbal Montoro.
En medios próximos a la negociación consideran muy significativo que el ministro recibiera ayer en Madrid a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, comunidad donde ya tributan las indemnizaciones de más de 180.000 euros.
También desde Hacienda vaticinan que el acuerdo está cerca. Aun estamos intercambiando papeles pero esa opción que plantearon los sindicatos gozó de consenso entre los agentes sociales, confirman fuentes del Ministerio. En esta línea, sin concretar el umbral, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, explicó ayer que lo están analizando y que para ello, el criterio de representantes y trabajadores es muy importante.
En este sentido, el tope máximo de los 180.000 euros se habría convertido en un mal menor para los sindicatos que siguen criticando el por qué de esta norma si ni siquiera tiene fin recaudatorio. Según los cálculos del propio ministerio, el año que viene esperan ingresar por estos efectos unos 130 millones, cantidad que podría descender a 70 porque el Ejecutivo espera que el número de despidos caiga por la recuperación de la economía.
Fuente: El Economista (22/7/2014)