Bruselas investiga a España por la declaración de bienes en el extranjero

La Comisión Europea investiga si la declaración de bienes en el extranjero que ha lanzado España (conocida como Modelo 720) es contraria al Derecho Comunitario. Bruselas ha admitido la denuncia del bufete DMS Consulting, que argumenta que esta nueva obligación tributaria supone una clara e importante restricción a la libre circulación de personas, establecida en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y a la libre circulación de capitales, garantizada por el artículo 63 TFUE.

Las normas denunciadas son la Ley 7/2012 de Lucha contra el Fraude de 29 de octubre, que introduce la nueva obligación de informar; el Real Decreto 1558/2012 de 15 de noviembre que la desarrolla, y la Orden HAP/72/201 que aprueba el modelo de declaración (Modelo 720) y establece que obligatoriamente debe presentarse por vía telemática.

DMS Consulting es un bufete mallorquín que cuenta entre sus clientes a numerosos extranjeros residentes en España –alemanes, británicos– muy afectados por esta obligación, que ha llevado a algunos de ellos incluso a abandonar la residencia fiscal  en el país. El despacho ha formalizado la denuncia con la intención de que Bruselas inicie un procedimiento de infracción contra España que concluya con la eliminación de esta obligación o, por lo menos, con una limitación que la haga compatible con el Derecho Comunitario.
 
Alejandro del Campo, abogado de DMS Consulting, explica que se trata en realidad de tres obligaciones, pues los residentes deben informar sobre tres categorías: cuentas bancarias, valores e inmuebles, cuando figuren –aunque sea de forma simbólica– en cualquiera de esos tres grupos de bienes si el valor conjunto del grupo es superior a 50.000 euros, con independencia de que se encuentren dentro o fuera de la UE.

El bufete añade que se exige una información sumamente detallada sobre todos los bienes, no siempre fácil de conseguir, bajo amenaza de durísimas sanciones (a partir de 10.000 euros) por cualquier error u omisión, por lo que los contribuyentes necesitan contratar a un asesor que normalmente exige honorarios elevados por responsabilizarse de una declaración compleja y arriesgada. La nueva obligación afecta a numerosos residentes, sobre todo a particulares, pues las empresas no deben informar sobre bienes en el extranjero que tengan registrados en su contabilidad y, según estos abogados, supone una clara restricción a la libre circulación de personas porque puede disuadir a extranjeros que quieran fijar su residencia en España dado que les resultará caro y problemático.

A juicio de los denunciantes también entraña una restricción a la libre circulación de capitales porque puede desincentivar el movimiento de capitales o mantenerlos fuera de España. Así, un residente que quiera tener 200.000 euros en Alemania, o en Suiza, repartidos en muchos valores diferentes tiene que pagar en España los correspondientes IRPF y Patrimonio, pero además, debe presentar una declaración informativa muy compleja, laboriosa y cara.

Fuente: Expansión