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El llamado sector crítico de CC OO ha denunciado el muro de silencio y el secretismo innecesario del Gobierno y los agentes sociales en las reuniones para la reforma laboral, en las que se ventilan importantes derechos de los trabajadores.
El sindicato llama así la atención directamente sobre el Ministerio de Trabajo y su Ministro, D. Jesús Caldera.En un comunicado, el sector crítico recuerda que el Gobierno, los sindicatos y la patronal llevan meses negociando de forma discreta, sin convocar ruedas de prensa ni emitir comunicados públicos para informar de la marcha de los trabajos, lo que califica de método inaceptable.Según el sector crítico, en las reuniones celebradas hasta el 16 de septiembre, los negociadores han tratado sobre la contratación temporal, la contratación indefinida, el empleo a tiempo parcial y el fijos-discontinuo, las contratas y subcontratas, la cesión ilegal y la transmisión de empresas.
En estas reuniones, de momento, ni la patronal empresarial CEOE ni el Gobierno han presentado sus propuestas por escrito, sino que se han limitado a defender iniciativas verbalmente.
Para aumentar la contratación indefinida, el Gobierno aboga por generalizar el contrato indefinido de fomento del empleo – rebaja la indemnización por despido a 33 días e incluye importantes bonificaciones para los empresarios -, y fijar una nueva causa del despido en caso de pérdida de concesión por parte de las contratas.
Sobre la contratación temporal, el Gobierno cree que no habría que realizar cambios drásticos en el actual modelo, aunque considera que habría que lograr un uso más adecuado, limitando el encadenamiento de los contratos de este tipo.
CEOE dice que está abierta a discutir los fraudes en la contratación temporal, sobre todo la de larga duración, sin dar mayores precisiones de cómo hacerlo.
Sin embargo, explica el sector crítico, propone recuperar el contrato de lanzamiento de nueva actividad, que viene a ser un contrato temporal de larga duración, dar un mayor papel a las E.T.T. y eliminar la sobrecotización actualmente existente para los contratos temporales.
Además, reitera su oposición al contrato indefinido ordinario – con 45 días de indemnización por despido – y pide que se elimine la autorización administrativa en los despidos colectivos. Para el sector crítico, de llevarse a cabo, estas medidas aumentarían la desregulación y la desprotección, cuando lo imprescindible debería ser conseguir modificaciones que mejoren sustancialmente la situación de los trabajadores en la entrada, en la permanencia y salida del mercado.
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