El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido hoy la reunión para la constitución de la comisión Justicia digital: papel cero, con el objetivo de abordar la iniciativa prevista en el Plan 2015 del departamento de establecer la obligatoriedad para los operadores jurídicos de relacionarse con la administración de Justicia de manera electrónica a partir del 1 de enero del próximo año.
Durante esta reunión, en la que han participado el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Ministerios del Interior y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Federación Española de Municipios y Provincias, Consejo General de la Abogacía, Consejo General de Procuradores de España, Consejo General de Graduados Sociales, secretarios judiciales y comunidades autónomas representadas en el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica), el ministro les ha invitado a implicarse en este objetivo común que afecta a todos y que viene demandado por los cambios legales del Gobierno y por la propia sociedad del siglo XXI.
Catalá ha mostrado la absoluta disposición del Ministerio de Justicia para colaborar con los diversos actores de la comisión, ofreciéndoles el apoyo necesario e invitándoles a debatir para el cumplimiento de este objetivo común, así como para definir una metodología de trabajo y determinar los interlocutores de cada una de las partes implicadas.
Uno de los ejes de este Plan consiste en avanzar hacia una Justicia sin papel, mediante la utilización intensiva de las nuevas tecnologías, no solo para la entrada y salida de documentos, sino también para la tramitación procesal, almacenamiento e intercambio de información y otras cuestiones de apoyo procesal.
Con vistas a este fin, desde el Ministerio de Justicia se ha lanzado una serie de medidas de tipo jurídico, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y un nuevo Decreto de Comunicaciones Telemáticas que conceda respaldo jurídico en el procedimiento judicial.
En el aspecto tecnológico el Ministerio de Justicia ha avanzado en la adaptación de LexNet en el orden penal, así como en las infraestructuras de comunicaciones y almacenamiento, lanzando un plan de adquisición e instalación de puestos de trabajo. En lo referente a las medidas organizativas destaca el plan de formación a los funcionarios de Justicia, así como la revisión de impactos en los procesos de trabajo.
El Plan 2015 tiene como objetivo fortalecer la Justicia como servicio público de calidad, ágil y adaptado a la sociedad del siglo XXI, contando con la tecnología y la innovación como herramientas fundamentales para conseguir ese propósito de construir una Justicia digital, abierta e innovadora.
El Ministerio de Justicia ha tratado de involucrar a nivel político y técnico, tanto a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial o el CTEAJE, como al resto de colectivos e instituciones implicadas, a través de reuniones bilaterales.
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