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El conjunto de la Administración pública (Estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social) gastó el año pasado 459.724 millones e ingresó 388.902 millones, según los datos provisionales que maneja la Intervención General del Estado (IGAE) y a los que ha tenido acceso Cinco Días. Ambas cifras, que no tienen en cuenta el efecto del rescate bancario, dan como resultado el déficit de 70.822 millones (6,74% del PIB) que ya anunció el Gobierno y que supone un recorte de los números rojos sin precedentes en un contexto de recesión económica.
En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la mayor subida fiscal de la historia reciente. Sin embargo, fue el recorte del gasto público la variable que más influyó en la disminución del déficit. La Administración pública gastó un 3,2% menos. La supresión de una paga extra de los funcionarios, el establecimiento del copago farmacéutico, la reducción al mínimo de la inversión pública y los recortes en sanidad y educación redujeron en 15.213 millones el gasto. Hasta el momento, solo se conocen el desglose de la ejecución presupuestaria de la Administración central y de la Seguridad Social. En cualquier caso, fueron las comunidades autónomas –principales responsables de los grandes pilares del Estado de bienestar– las que asumieron un mayor recorte presupuestario. Las autonomías son la Administración con un mayor número de funcionarios y que más gasto asumen en educación y sanidad.
Por lo tanto, cualquier ajuste en estas áreas, con independencia de que la medida proceda del Gobierno central, supone para las comunidades un ahorro mayor que para el resto de estructuras del Estado.
Fuente: Cinco Días
