El G20 ultima otro asalto contra los paraísos fiscales y el secreto bancario

La lucha contra la evasión de impuestos será un asunto básico en la octava cumbre del G20, que comienza hoy en San Petersburgo (Rusia). Y  uno de los pocos que pueden suscitar el consenso, en una cita atenazada por las tensiones diplomáticas (Siria, el caso Snowden) y la proximidad de las elecciones alemanas.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, presentará hoy un informe a los líderes de países ricos y emergentes. Además del anunciado plan para erradicar las prácticas de ingeniería fiscal de las multinacionales, Gurría propondrá un sistema de intercambio automático de información, que sorteará las trabas que ponen varias jurisdicciones a la petición de datos bancarios.

Hasta 2009, la evasión fiscal era una práctica extendida, casi sin riesgo. Con los acuerdos adoptados en Londres, pasó a ser una práctica arriesgada, pero no ha sido suficiente. Queremos dar un paso más, anticipó ayer Pascal Saint-Amans, director del centro de política fiscal de la OCDE, en un encuentro con periodistas en la ciudad rusa.

Saint-Amans puso un ejemplo: Con el nuevo sistema, la Hacienda de Francia podría acceder a los datos del cliente francés de un banco suizo que ha creado un trust en Jersey. Y sin tener que hacer ningún tipo de petición formal.

El ejemplo es todo menos inocuo. Suiza es una de las 14 jurisdicciones que, según la OCDE, no ha adaptado su legislación nacional a los acuerdos bilaterales que le permitieron escapar de la efímera lista negra de paraísos fiscales de 2009. La isla de Jersey es uno de los centros off shore bajo bandera británica que blindan la identidad de las personas que
crean trusts o fundaciones para escapar a la lupa de sus países de origen. Y, sobre todo, hacer lo que planteó el funcionario de la OCDE con la legislación internacional vigente, es misión imposible.

Los territorios señalados por la lista negra de 2009 sortearon la presión del G20 al suscribir un puñado de convenios bilaterales de intercambio de datos. Cuando se corroboró que apenas había avances, el Foro Global sobre Fiscalidad, elaboró informes sobre la adaptación de la legislación nacional y cuál es la aplicación práctica de esas leyes. En noviembre, la OCDE pondrá notas a las jurisdicjurisdicciones para que se visualice hasta qué punto se satisfacen los requisitos de información que hacen otras agencias tributarias. Y unos 70 países han suscrito una convención multilateral que da cobertura, de forma opcional, a un sistema de intercambio automático.

Pero como repitió Saint-Amans, no es suficiente. La propuesta de la OCDE, que replica una iniciativa de EE UU (FACTA, por sus siglas en inglés) es elaborar un modelo de acuerdo, al que puedan adherirse los países que se sumen al sistema automático de intercambio. Apartir de ahí, se podrá exigir a las entidades financieras que aporten datos de sus clientes a una plataforma a la que tendrán acceso las autoridades tributarias de todos los países implicados. Además, se obligará a trusts y fundaciones a revelar a esta plataforma qué personas las controlan.

Fuente: El País