Pocos frutos está ofreciendo la amnistía fiscal, una de las medidas más controvertidas que ha dictado el Ejecutivo de Rajoy en este año y que pretende gravar común 8% los dividendos o participaciones de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre del 2012. Si el Gobierno pretendía recaudar 2.500 millones de euros hasta el mes de diciembre, para así aflorar el capital oculto en España, el resultado está siendo minúsculo: hasta ahora, apenas ha recaudado 50,4 millones hasta julio, tan sólo un 2% de lo previsto.
La amnistía fiscal vio la luz el 30 de marzo, diseñada como una medida excepcional y extraordinaria con fecha de caducidad, y que incluía el citado gravamen del 8% a los beneficios de fuente extranjera y otro gravamen especial del 10% a la atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Cualquiera de los contribuyentes puede presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria cuyo plazo de presentación e ingreso vence el 30 de noviembre.
Con la intención de cubrir las expectativas que se había fijado, el Gobierno debería recaudar 2.450 millones en apenas cuatro meses, exactamente el mismo que lleva la amnistía en marcha. Ante ese panorama, muchos expertos desconfían del efecto de la medida. Argumentando que favorece a los defraudadores, al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados (frente al 43% del contribuyente que actúa dentro de la legalidad), el Partido Socialista había presentado en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el TC.
Fuente: La Vanguardia