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Se configura el cuarto pilar del Estado del Bienestar tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones
En el Proyecto de Ley se establece en España un nuevo derecho universal de ciudadanía universal y subjetivo que garantiza atención y cuidados a las personas dependientes (aquellas que no pueden valerse por sí mismas, en su mayoría ancianos aunque también se encuentra discapacitados graves). Ello significa que las personas que no se pueden valer por sí mismas tienen derecho a ser atendidas por el Estado que garantiza una serie de prestaciones. Al ser derechos reconocidos jurídicamente, podrán ser reclamados administrativa y jurisdiccionalmente.
Los expertos calculan que, actualmente, en España hay más de 1.125.000 personas en esta situación, cifra que aumentará considerablemente en los próximos años. Así, está previsto que en 2010 esta cifra alcance 1.246.000, 1.373.000 en 2015 y 1.496.000 en 2020.
Hasta ahora la atención a estas personas se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres (representan el 83% de los cuidadores familiares) que, en la mayoría de los casos, se ven imposibilitadas de llevar a cabo actividad laboral alguna. De hecho, sólo uno de cada cinco familiares cuidadores tiene un empleo.
Por lo que se refiere a la atención de las Administraciones se presta desde el sistema sanitario y desde el ámbito de los servicios sociales con una cobertura claramente insuficiente y con importantes diferencias entre Comunidades Autónomas y entre las áreas urbanas y rurales. A título de ejemplo, sólo el 3,86% de las personas mayores de 65 años pueden acceder a una plaza en una residencia de las que el 57% son privadas, el 18% concertadas y el 25% públicas.
Sistema Nacional de Dependencia:
La Ley creará el Sistema Nacional de Dependencia que entrará en vigor en 2007. Atenderá a todas las personas en situación de dependencia en todo el territorio del Estado, con la colaboración y participación de todas las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.
Niveles y grados de Dependencia:
La situación de dependencia ser clasificará en los siguientes grados:
– Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día.
– Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.
– Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.
En cada uno de los grados de dependencia se establecerán dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requiere.
El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a instancias de los ciudadanos. A partir de 2007 todos los ciudadanos que lo deseen podrán solicitar la evaluación. El reconocimiento del derecho será expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente y tendrá validez en todo el Estado.
Servicios prestados:
Los beneficiarios tendrán derecho a una serie de servicios según su grado y nivel de dependencia. Dentro de este catálogo de servicios se incluirá el servicio de prevención de las situaciones de dependencia; Teleasistencia; ayuda a domicilio; Centro de día y de noche; o servicio de Atención Residencial.
Junto a tales servicios se facilitarán prestaciones económicas de diversos tipos. Las unas vinculadas a la contratación de servicio; por cuidados en el entorno familiar; o de asistencia personalizada.
El Gobierno aportará más de 12.638 millones de euros para poner en marcha el Sistema Nacional de Dependencia hasta la finalización del período de implantación en 2015. La financiación del sistema correrá a cargo de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas con el objetivo de pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015.
La idea de esta norma es garantizar la igualdad de todos los ciudadanos independientemente del lugar donde residan mediante la financiación del contenido básico del derecho.
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