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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los representantes de las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Jesús Bárcenas López, y de los sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO), José María Hidalgo Velilla y Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez han firmado la Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social.
En este documento se apuesta por un modelo de crecimiento equilibrado y duradero, basado en la mejora de la competitividad y esto nuevo modelo productivo exige un mercado laboral que genere un entorno que facilite el tránsito de empleos de baja productividad a empleos de futuro y con mayor valor añadido.
Dentro de las medidas propuestas en este documento destacan:
– La vigencia del Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo se mantiene y será objeto de seguimiento y evaluación respecto a sus resultados en el mercado de trabajo.
– La modernización de los Servicios Públicos de Empleo que precisan de un enfoque renovado, que permite que estos ofrezcan una cartera de servicios a los trabajadores y trabajadoras y a las empresas, para que puedan construir itinerarios personalizados y lograr más y mejor intermediación. También será objeto de evaluación el sistema de protección para el empleo en su doble vertiente, las políticas activas y las prestaciones por desempleo.
– Desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en la que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social constituye un instrumento esencial para velar por el correcto funcionamiento del mercado laboral. Es necesario reforzar los recursos humanos y materiales de la misma. El Gobierno analizará con los interlocutores sociales las reformas normativas y organizativas que sean necesarias.
– Desarrollo del Estatuto del Trabajador Autónomo, las políticas relativas a la economía social y las de responsabilidad social empresarial.
– Práctica de políticas de inmigración vinculadas estrechamente a las necesidades del mercado laboral, que permitan que los mecanismos ordinarios de contratación en origen sean rápidos, eficaces y garanticen la igualdad de trato de los trabajadores.
– Las partes convienen en seguir trabajando para ampliar la participación de las mujeres, evitar la discriminación salarial y avanzar en la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida personal, familiar y profesional. El Gobierno y los interlocutores sociales comparten la importante necesidad de seguir progresando en el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación.
– Desarrollo de estrategias de formación permanente a lo largo de la vida, que permitan avanzar en la interconexión de todos los sistemas de educación y formación, potenciar la formación dentro y fuera del empleo y mejorar los niveles de cualificación. Potenciar la formación profesional reglada de manera que muchos más jóvenes se incorporen a ella.
– Impulsar la Negociación Colectiva para seguir mejorando las condiciones de las personas que trabajan, evitar pérdidas de competitividad y destrucción de puestos de trabajo. Seguir impulsando los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos.
– En relación con la Seguridad Social se analizan aquellas cuestiones que inciden en la eficiencia de la gestión y en la protección de los trabajadores, tales como la Incapacidad Temporal, el Régimen Especial Agrario, el de Empleados de Hogar, la jubilación anticipada en determinadas actividades, así como la previsión social complementaria.
– Desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
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