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El Gobierno reducirá las cuotas a empresas que contraten jóvenes y parados de larga duración a tiemp

El Gobierno reducirá las cuotas empresariales a la Seguridad Social a aquellas empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial para jóvenes menores de 30 años y personas en desempleo de larga duración (inscritas en las oficinas de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a su contratación).
Así consta en el documento que el Ministerio de Trabajo ha enviado a las comunidades autónomas con la propuesta para reformar las políticas activas de empleo, que será discutido en la conferencia sectorial de Empleo que se celebrará el lunes y al que ha tenido acceso Europa Press.
Esta medida forma parte de un plan de choque para combatir el desempleo de los jóvenes y las personas en paro de larga duración con efectividad a corto plazo, que incluye también la nueva ayuda de 350 euros vinculada a la formación para los desempleados sin ingresos.
En concreto, el programa, que durará seis meses, beneficiará a las empresas que contraten a tiempo parcial a personas de estos colectivos inscritas como desempleadas ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos desde el 1 de enero de 2011. Los contratos podrán ser indefinidos o temporales de al menos seis meses e implicarán una jornada laboral mínima del 50% de la habitual.
La reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que podrá aplicarse por las empresas durante un periodo máximo de un año, será del 100% si el contrato lo realiza una empresa pequeña o mediana (con una plantilla inferior a los 250 trabajadores) y del 75% para las empresas más grandes.
Además, el Gobierno incentivará la conversión de los contratos a tiempo parcial de carácter temporal en indefinidos a través de bonificaciones de cuotas y del contrato para el fomento de la contratación indefinida. La transformación deberá hacerse antes de que el contrato a tiempo parcial cumpla un año.
La ayuda de 350 euros vinculada a acciones formativas que sustituye a la de 426 euros estará destinada a los parados que hayan agotado su protección y carezcan de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta medida tendrá una vigencia de seis meses y estará destinada a los desempleados que hayan agotado sus prestaciones entre el 16 de febrero y el 16 de agosto de este año.
La ayuda se concederá en función de las disponibilidades económicas, contará con una dotación específica y estará vinculada a una acción formativa que deberá conducir a la obtención de un certificado de profesionalidad o de una cualificación profesional referida a sectores emergentes o con potencial de crecimiento. La formación deberá durar entre 300 y 600 horas y podrá sustituirse parcialmente por prácticas no laborales para jóvenes menores de 30 años.
Podrá ser compatible con las rentas, ayudas y salarios mínimos de inserción de las comunidades autónomas. En este caso, se percibirá sólo cuando la cantidad total no supere el 75% del SMI. Si se supera el límite, se descontará de la ayuda el importe que exceda dicha cantidad.
Otra medida que contempla el plan de choque es la redistribución transitoria del presupuesto de formación para el empleo con el fin de responder mejor a las necesidades de recualificación de los desempleados. En este sentido, el Gobierno aconseja ajustar destinar, transitoriamente, el 40% a la formación de ocupados y el 60% restante a la de las personas desempleadas.
Finalmente, el plan invita a llevar a cabo acciones de mejora de la empleabilidad que combinen actuaciones de orientación y formación con itinerarios individuales y personalizados dirigidos a jóvenes con especiales problemas de cualificación, mayores de 45 años cuando sean personas en desempleo de larga duración y personas que procedan del sector de la construcción.
Esta medida, que inicialmente durará un año y que será después analizada para ver si se prorroga o amplía, se pondrá en marcha con carácter experimental y basándose en un protocolo de coordinación, aplicación y seguimiento. Se evaluará también a los tres meses de su puesta en marcha para ver los posibles ajustes y mejoras.
Cada comunidad destinará a la realización de los itinerarios el número de promotores de empleo que determine en función de sus objetivos para mejorar las oportunidades de empleo de estas personas en los sectores con mayor potencial de creación de empleo o demandantes de mano de obra.
Además, se promoverá el acercamiento de los jóvenes a las empresas favoreciendo el uso de contratos formativos y otras medidas que faciliten su transición de la escuela al trabajo, como una nueva regulación de las prácticas no laborales. De la misma forma, se buscará más coordinación entre el sistema educativo y los Servicios Públicos de Empleo.
En el documento que Trabajo ha enviado a las comunidades el Gobierno explica los fines y principios generales para hacer la reforma de las políticas activas de empleo y planta las líneas básicas para abordar la reforma, como la realización de itinerarios personalizados, el fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo o la determinación de un catálogo de servicios básicos a la ciudadanía.
Asimismo, apuesta por la elaboración de una estrategia española de empleo coordinada por el Gobierno, resalta la necesidad de transformar las actuales políticas activas y redefinir su contenido y desarrollo para que sean más útiles y propone una mayor relación entre las políticas activas y el sistema de protección para reducir el tiempo que una persona está desempleada.
Europa Press

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