Alertas Jurídicas domingo , 26 junio 2022
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El Gobierno y los representantes de los autónomos han firmado que regula el Estatuto del Trabajo Autónomo

El colectivo de autónomos está integrado por más de tres millones de trabajadores


El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, han firmado un acuerdo sobre el texto del Estatuto del Trabajo Autónomo, que recoge las principales reivindicaciones de este colectivo integrado por más de tres millones de trabajadores.


 


El texto será aprobado como Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes para su tramitación como ley.


 


Los contenidos más relevantes del Estatuto son:


 


–          Se establece qué se entiende como trabajador autónomo: las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de un tercero, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.


 


Dentro de este amplio colectivo cabe destacar aquellos autónomos profesionales de distintas actividades, que en su gran mayoría no tienen asalariados o, a lo sumo, dos y que son tres millones de hombres y mujeres.


 


También será de aplicación este concepto a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares de las personas definidas con anterioridad que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena.


 


–          Se formula un catálogo de derechos y deberes de los trabajadores autónomos: derecho a la igualdad y no discriminación; derecho a la conciliación de la vida profesional o familiar y protección al menor de 16 años.


 


–          Se introducirá como novedad el que una de las partes podrá exigir de la otra en cualquier momento que el contrato se formalice por escrito, por razones de seguridad jurídica.


 


–          Se regulan las reglas de prevención de riesgos laborales, fundamentalmente cuando el trabajador autónomo trabaja en locales de otro empresario o con materias primas o herramientas proporcionadas por otro empresario.


 


–          Se establecen garantías económicas para el trabajador autónomo, entre las que destaca que en el caso de obras subcontratadas se establece la responsabilidad que el empresario principal tiene con el autónomo cuando un contratista adeude cantidades a dicho trabajador autónomo.


 


–          Se regula el régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente. Se trata de la persona que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por recibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas.


 


–          Se concretan condiciones específicas para determinar con claridad quiénes pueden ser considerados trabajadores autónomos económicamente dependientes, distinguiéndolos del autónomo con carácter general y del asalariado. De esta forma, se da seguridad jurídica al empresario que contrata y al trabajador autónomo que presta su servicio, evitando que se produzcan situaciones irregulares de contratación. No se pretende legalizar a los denominados ‘falsos autónomos’, sino, al contrario, clarificar la situación y protege a los autónomos cuyos ingresos dependen fundamentalmente de un solo cliente. No se fomenta esta figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, ya que el objeto fundamental de la promoción que incorpora esta Ley es que el autónomo amplíe su cartera de clientes y diversifique su actividad.


 


–          Se contempla la posibilidad de celebrar acuerdos de interés profesional entre asociaciones de autónomos o sindicatos y empresas, siempre que no vayan en contra de los postulados de la ley de defensa de la competencia. Este tipo de acuerdos sólo se van a aplicar a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Se garantiza un mínimo de condiciones de régimen de descanso y la necesidad de que la extinción de su contrato esté justificada; y se opta por procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos (mediación y arbitraje), asignándose la competencia a la jurisdicción de lo social para los litigios de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.


 


–          El régimen jurídico específico del trabajador autónomo económicamente dependiente debe abarcar aspectos como:


 


a)       Forma, contenido y registro del contrato.


b)       Normas mínimas en materia de tiempos de trabajo.


c)       Interrupciones justificadas de la actividad profesional para atender responsabilidades familiares urgentes y por la existencia de un riesgo grave e inminente para la salud.


d)       Existencia de una nueva fuente, como son los acuerdos de interés profesional, concertados entre autónomos o sus organizaciones y las empresas que son sus clientes, y cuyo régimen jurídico debe ser desarrollado en la futura norma bajo los principios de:


a.       Naturaleza jurídica civil o mercantil de los acuerdos.


b.       Eficacia contractual y personal.


e)       Recurso a la Jurisdicción de lo Social para las pretensiones derivadas tanto del contrato individual suscrito entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente como de los acuerdos de interés profesional.


f)         Regulación de procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos y reconocimiento de los procedimientos ya previstos en normas sectoriales.


 


–          Se reconoce un catálogo de derechos colectivos: derecho de asociación y derecho de ejercer la actividad colectiva de sus intereses profesionales de los trabajadores autónomos. Además, se establecen las bases para el reconocimiento de la representatividad de las asociaciones de autónomos, a través de una serie de criterios y previa determinación por una comisión de expertos que designará el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales.


 


–          Se crea un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, donde se residenciará la participación institucional de las asociaciones de estos trabajadores y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y en el que estarán presentes también la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.


 


–          En materia de Protección Social, se aplican medidas tendentes a que el Régimen Especial de Trabajadores autónomos converja con el Régimen General de la Seguridad Social. Se propone:


 


o        Extender a todos los autónomos la protección social por incapacidad temporal, y


o        En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes también estarán cubiertos por la protección por accidentes de trabajo  enfermedad profesional.


o        Se reconoce la posibilidad de establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos en atención a sus características personales o a las características profesionales de la actividad ejercida. En concreto,


§         A) Quienes en función de otra actividad realizada, coticen, sumando las bases de cotización, por encima de la base máxima del Régimen General de la Seguridad Social.


§         B) Los hijos de los trabajadores menores de 30 años que inicien una labor también como trabajadores autónomos en la actividad económica de la que es titular el padre o la madre.


§         C) Los trabajadores autónomos que se dediquen a la actividad ambulante o a la venta a domicilio.


 


o        Se permitirá la jubilación anticipada en el caso de trabajadores autónomos en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los mismos supuestos y colectivos para los que esté establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.


 


–          Se mandata al Gobierno para que, siempre que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos, establezca un sistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.


 


–          Se establecen medidas de fomento del empleo dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, la formación profesional y favorecer el trabajo autónomo mediante una política fiscal adecuada.

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