El pago en efectivo que realicen empresas y autónomos se verá limitado a un máximo comprendido entre los 1.500 y los 3.000 euros, según fuentes de Hacienda. Ésta será la medida estrella del plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que aprobará este viernes el Consejo de Ministros tal y como adelantó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El departamento dirigido por Montoro lleva trabajando en esta medida desde enero, pero ha acelerado los tiempos para contrarrestar las críticas recibidas por la aprobación de una amnistía fiscal para este año, según contemplan los Presupuestos.
En aquella ocasión se planteaba la posibilidad de que el límite para los autónomos se estableciese en 1.000 euros y en 3.000 para las empresas. Esas cifras, establecidas por los técnicos de Hacienda (Gestha) fue considerada como el importe óptimo, que serviría para recaudar unos 26.000 millones de euros. Sin embargo, parece que el tope se situará en una horquilla aún no definida, de entre 1.500 y 3.000 euros para ambos colectivos.
Vamos a aplicar un plan de extrema dureza, de extrema penalización contra la evasión fiscal, anunció el ministro el día que presentó las cuentas públicas.
Además, el proyecto de ley al que el Gobierno dará luz verde incluirá el desarrollo de la gestión económica de las tasas judiciales que recogen los Presupuestos, según fuentes de Hacienda. Las cuentas incluyen el copago de los recursos en segunda instancia, a excepción de los procesos penales, con cantidades que oscilan entre los 50 y los 600 euros en función de si se trata de litigios civiles, contencioso-administrativos o sociales.
Fuente: El economista