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La sesión, que se celebrará en el Congreso, analizará el documento que señala que los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación.
Según el organismo fiscalizador, estas irregularidades podrían suponer "la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social" en los años mencionados.
De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de 2010 y abril de 2013 existieron 337.047 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo que sucedía con otros 4.329 procesos derivados de contingencias profesionales.
A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior.
Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que "resta eficiencia al control de los procesos" y al pago de las prestaciones correspondientes.
De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene "ningún control" sobre las deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que "puede suponer pagos indebidos" para el organismo, tal y como demuestra el informe.
No en balde, se detectaron al menos 14.340 deducciones derivadas de bajas temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de 15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el abono de 742.283 euros.
Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las empresas seguían deduciéndoles cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar 1.648 bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente" más de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada", señala el informe.
De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que, incluso cuando el INSS tiene información suficiente, hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta rozar los dos millones de casos, lo que supone un "grave defecto de control interno".
Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran 1.185 millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron 627.141 euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de 226.750 euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación.
Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos, si bien hasta 110.114 de esos procesos no pudieron ser validados, por lo que las deducciones correspondientes también quedaron sin control.
