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Así, ha explicado que tienen como prioridad afianzar el crecimiento y seguir avanzando en la recuperación; sin dejar a nadie atrás y apostando por la protección de los trabajadores, para preparar a la fuerza de trabajo ante los cambios que globalización y digitalización plantean en el mercado laboral. «Todo ello, ha añadido, para poder seguir implementando la Agenda del Talento, con la que pretendemos atraer y retener todo el capital humano».
En este sentido, Riesgo ha expresado su deseo de seguir avanzando en la senda que ha permitido, gracias al esfuerzo de toda la sociedad, alcanzar 18,5 millones de empleos, creando una media de 500.000 al año, durante los últimos cuatro años y 611.146, en 2017.
Presupuesto del SEPE
La mayor parte del Presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo lo gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con 23.606 millones de euros, un 1,6% menos que en el ejercicio anterior.
Los ingresos procedentes de las cotizaciones por desempleo ascenderán a 20.471 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,44% respecto a la prevista en 2017, en coherencia con las previsiones de creación de empleo. Por su parte, los ingresos derivados de las cotizaciones de formación profesional suponen 2.102 millones de euros, que representa un incremento del 4,5% respecto al presupuesto del año anterior.
Al comparar estas subidas con las previsiones de recaudación final en 2017, de 19.900 y de 2.050 millones de euros respectivamente, la subida se sitúa en ambos casos en torno al 2,6%, «coherente, según ha manifestado Riesgo, con las cifras estimadas de crecimiento de la ocupación y de aumento en los salarios».
Además, los ingresos procedentes del Fondo Social Europeo se estiman en 475 millones de euros, de los que un 68% procederán del Programa Operativo de Garantía Juvenil. Y se utilizarán 57,5 millones de euros de remanente de tesorería para financiar iniciativas de formación profesional.
En cuanto al presupuesto de gastos, las prestaciones por desempleo ascienden a 17.410 millones de euros.
Políticas Activas de Empleo
El gasto en políticas activas de empleo se incrementa un 3,92%, y se sitúa en los 5.794 millones de euros. Riesgo ha declarado que las políticas activas representan una de las grandes prioridades de la Secretaría de Estado de Empleo «porque son las herramientas con las que se traslada la recuperación económica al empleo».
Así, ha manifestado, la inversión en políticas activas por desempleado se aproximará a los 2.000 euros en 2018 (1.966), incrementándose un 10% respecto a 2017, superando con creces los 1.673 euros por desempleado de 2011″.
En base a los criterios de control y evaluación orientado a resultados que siguen desde 2013 las comunidades autónomas, la participación de estas en la gestión de las políticas activas de empleo aumenta hasta los 2.394 millones de euros, un 74,89% del total del Presupuesto. Así, las cantidades que se asignarán a las distintas regiones en base a los criterios de distribución se incrementan en un 5,35% respecto a 2017.
El pasado martes se hizo una primera distribución de fondos, por valor de 2.054,8 millones de euros, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. El resto, hasta los 2.126 millones, se asignarán una vez entre en vigor el presente Proyecto de Ley.
Estas cantidades contribuirán a la implementación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, cuya finalidad es avanzar en la modernización de los SPE; favorecer la empleabilidad de los jóvenes y otros colectivos vulnerables, y mejorar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
Formación Profesional para el Empleo
En este sentido, Riesgo ha subrayado que «es crucial invertir en formación profesional para el empleo», para la que el Presupuesto contempla 2.414 millones de euros, lo que supone un aumento del 7%, casi 170 millones más respecto a 2017. «Recursos dirigidos al aprendizaje y a la adquisición de nuevas competencias, y a la mejora de la experiencia profesional y la cualificación y el reciclaje profesional, y para una mejor inserción laboral, destinados casi a partes iguales a la formación de ocupados (1.170 millones) y desempleados (1.244 millones de euros)», ha indicado.
En este sentido, el Secretario de Estado de Empleo ha hecho hincapié en la próxima aprobación del primer Plan Estatal de Formación en competencias digitales, dotado con 60 millones de euros, «que será elevado lo antes posible al Consejo de Ministros», ha dicho.
También en materia de formación, se ha referido a los más jóvenes, y sobre todo aquellos con menor nivel formativo y, por tanto, menos opciones de inserción en el mercado de trabajo. Para ello, el Presupuesto incorpora 500 millones de euros para el Bono Formación Garantía Juvenil, de 430 euros al mes durante 18 meses. Una ayuda económica para impulsar la FP Dual entre los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se sumará al salario aplicable. Y que podría permitir, por ejemplo, que «un joven sujeto al salario medio más bajo de los convenios alcanzase casi los 1.200 euros de contraprestación por su formación y su trabajo cada mes».
La ayuda, además, va acompañada de un incentivo posterior para su conversión en indefinido de 250 euros al mes durante tres años a modo de bonificación.
En general para los jóvenes, los PGE contemplan medidas específicas con las que mejorar sus oportunidades de empleo y formación por importe de al menos 3.300 millones de euros.
Bonificaciones a la contratación
«Para ayudar a los colectivos con mayores dificultades, según ha afirmado Riesgo, el Presupuesto para bonificaciones a la contratación aumentan más de un 6% hasta los 1.936 millones de euros para ayudar a más de 1.640.000 trabajadores con dificultades de inserción en el empleo, llegando así a un colectivo un 25% superior al previsto el año anterior».
Este aumento se debe, según ha explicado, a la transformación de determinadas reducciones en bonificaciones a la contratación, esencialmente vinculadas a la Garantía Juvenil, y a la inclusión de nuevos incentivos de este tipo en el nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo, consecuencia de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Una Ley que complementará sus medidas próximamente con la ampliación hasta los 24 meses de la tarifa plana para autónomos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.
(Fuente:
Así, ha explicado que tienen como prioridad afianzar el crecimiento y seguir avanzando en la recuperación; sin dejar a nadie atrás y apostando por la protección de los trabajadores, para preparar a la fuerza de trabajo ante los cambios que globalización y digitalización plantean en el mercado laboral. «Todo ello, ha añadido, para poder seguir implementando la Agenda del Talento, con la que pretendemos atraer y retener todo el capital humano».
En este sentido, Riesgo ha expresado su deseo de seguir avanzando en la senda que ha permitido, gracias al esfuerzo de toda la sociedad, alcanzar 18,5 millones de empleos, creando una media de 500.000 al año, durante los últimos cuatro años y 611.146, en 2017.
Presupuesto del SEPE
La mayor parte del Presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo lo gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con 23.606 millones de euros, un 1,6% menos que en el ejercicio anterior.
Los ingresos procedentes de las cotizaciones por desempleo ascenderán a 20.471 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,44% respecto a la prevista en 2017, en coherencia con las previsiones de creación de empleo. Por su parte, los ingresos derivados de las cotizaciones de formación profesional suponen 2.102 millones de euros, que representa un incremento del 4,5% respecto al presupuesto del año anterior.
Al comparar estas subidas con las previsiones de recaudación final en 2017, de 19.900 y de 2.050 millones de euros respectivamente, la subida se sitúa en ambos casos en torno al 2,6%, «coherente, según ha manifestado Riesgo, con las cifras estimadas de crecimiento de la ocupación y de aumento en los salarios».
Además, los ingresos procedentes del Fondo Social Europeo se estiman en 475 millones de euros, de los que un 68% procederán del Programa Operativo de Garantía Juvenil. Y se utilizarán 57,5 millones de euros de remanente de tesorería para financiar iniciativas de formación profesional.
En cuanto al presupuesto de gastos, las prestaciones por desempleo ascienden a 17.410 millones de euros.
Políticas Activas de Empleo
El gasto en políticas activas de empleo se incrementa un 3,92%, y se sitúa en los 5.794 millones de euros. Riesgo ha declarado que las políticas activas representan una de las grandes prioridades de la Secretaría de Estado de Empleo «porque son las herramientas con las que se traslada la recuperación económica al empleo».
Así, ha manifestado, la inversión en políticas activas por desempleado se aproximará a los 2.000 euros en 2018 (1.966), incrementándose un 10% respecto a 2017, superando con creces los 1.673 euros por desempleado de 2011″.
En base a los criterios de control y evaluación orientado a resultados que siguen desde 2013 las comunidades autónomas, la participación de estas en la gestión de las políticas activas de empleo aumenta hasta los 2.394 millones de euros, un 74,89% del total del Presupuesto. Así, las cantidades que se asignarán a las distintas regiones en base a los criterios de distribución se incrementan en un 5,35% respecto a 2017.
El pasado martes se hizo una primera distribución de fondos, por valor de 2.054,8 millones de euros, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. El resto, hasta los 2.126 millones, se asignarán una vez entre en vigor el presente Proyecto de Ley.
Estas cantidades contribuirán a la implementación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, cuya finalidad es avanzar en la modernización de los SPE; favorecer la empleabilidad de los jóvenes y otros colectivos vulnerables, y mejorar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
Formación Profesional para el Empleo
En este sentido, Riesgo ha subrayado que «es crucial invertir en formación profesional para el empleo», para la que el Presupuesto contempla 2.414 millones de euros, lo que supone un aumento del 7%, casi 170 millones más respecto a 2017. «Recursos dirigidos al aprendizaje y a la adquisición de nuevas competencias, y a la mejora de la experiencia profesional y la cualificación y el reciclaje profesional, y para una mejor inserción laboral, destinados casi a partes iguales a la formación de ocupados (1.170 millones) y desempleados (1.244 millones de euros)», ha indicado.
En este sentido, el Secretario de Estado de Empleo ha hecho hincapié en la próxima aprobación del primer Plan Estatal de Formación en competencias digitales, dotado con 60 millones de euros, «que será elevado lo antes posible al Consejo de Ministros», ha dicho.
También en materia de formación, se ha referido a los más jóvenes, y sobre todo aquellos con menor nivel formativo y, por tanto, menos opciones de inserción en el mercado de trabajo. Para ello, el Presupuesto incorpora 500 millones de euros para el Bono Formación Garantía Juvenil, de 430 euros al mes durante 18 meses. Una ayuda económica para impulsar la FP Dual entre los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se sumará al salario aplicable. Y que podría permitir, por ejemplo, que «un joven sujeto al salario medio más bajo de los convenios alcanzase casi los 1.200 euros de contraprestación por su formación y su trabajo cada mes».
La ayuda, además, va acompañada de un incentivo posterior para su conversión en indefinido de 250 euros al mes durante tres años a modo de bonificación.
En general para los jóvenes, los PGE contemplan medidas específicas con las que mejorar sus oportunidades de empleo y formación por importe de al menos 3.300 millones de euros.
Bonificaciones a la contratación
«Para ayudar a los colectivos con mayores dificultades, según ha afirmado Riesgo, el Presupuesto para bonificaciones a la contratación aumentan más de un 6% hasta los 1.936 millones de euros para ayudar a más de 1.640.000 trabajadores con dificultades de inserción en el empleo, llegando así a un colectivo un 25% superior al previsto el año anterior».
Este aumento se debe, según ha explicado, a la transformación de determinadas reducciones en bonificaciones a la contratación, esencialmente vinculadas a la Garantía Juvenil, y a la inclusión de nuevos incentivos de este tipo en el nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo, consecuencia de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Una Ley que complementará sus medidas próximamente con la ampliación hasta los 24 meses de la tarifa plana para autónomos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.
(Fuente:LaMoncloa)
