En la lucha contra la economía sumergida no hay descanso, ni vacaciones. Con la llegada del verano la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria intensifican sus esfuerzos contra el fraude en todo el litoral español.
Bares, restaurantes, chiringuitos y festivales se convierten en foco de las actuaciones de los inspectores, que se centran fundamentalmente en dos ámbitos: los trabajadores que no están dados de alta a la Seguridad Social y aquellos que cobran de forma irregular un prestación por desempleo y al mismo tiempo están desempeñando alguna actividad.
Según la Inspección de Trabajo, el fraude en la hostelería, dependiendo de la actividad, puede llegar a alcanzar el 40%, de acuerdo con los datos obtenidos a partir de las visitas realizadas por los inspectores.
Fuentes próximas al Ministerio de Empleo recuerdan que en estas fechas las inspecciones inciden en las zonas donde es más probable que exista una bolsa de fraude en el empleo y que estas actuaciones se planifican ya desde comienzos de año.
Así, en 2013 y según los datos oficiales hay presupuestadas 255.000 visitas de los inspectores a centros de trabajo en el marco de las actuaciones de control de la economía irregular y el trabajo de extranjeros, así como 525.000 actuaciones contra la economía irregular.
La pasada semana el ministerio que encabeza Fátima Báñez puso en marcha un buzón electrónico en su propia página web para denunciar de forma anónima el fraude en el empleo. La ministra explicó que en lo que llevamos de año, se han incrementado un 30,57% las infracciones de empresarios que ocupan a perceptores de prestaciones por desempleo o que han facilitado indebidamente el acceso a las mismas.
Así, de enero a junio se detectaron 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las obtuvieron fraudulentamente. Esta cifra supone un incremento del 28,88 por ciento frente a los 4.526 perceptores irregulares que se detectaron el año anterior.
Las actuaciones de control no se ciñen sólo al ámbito laboral y afectan, también, al fiscal. José María Mollinedo, secretario General del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) explica que, pese a que las actuaciones de este tipo en zonas turísticas son más complicadas, sobre todo porque en una inspección de trabajo es más fácil levantar un expediente ante una infracción.
Mollinedo incide en que el abanico de controles tributarios en las zonas turísticas es muy amplio y abarca también, a bares, restaurantes, chiringuitos, mercadillos e incluso alquileres de motos acuáticas o hamacas en las playas. Con todo, el foco de fraude más significativo puede encontrarse en los alquileres de viviendas en las zonas turísticas. Al mismo tiempo y con la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler, aprobada poco antes del verano, los inmuebles de uso turístico dejan de estar amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esto implica que empiezan a depender directamente de las distintas regulaciones autonómicas o sectoriales, y en consecuencia puede suponer que un buen número de apartamentos de verano dejen de considerarse legales.