El Gobierno trabaja contrarreloj para lanzar una oferta de empleo público que pueda ser aprobada antes de que se celebren las elecciones. Así lo confirmó hoy la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante un desayuno informativo, que habló del «compromiso» que habían adquirido tanto con los sindicatos como con todo el cuerpo de opositores. «No hay que dejar esta oferta por tanto para después de elecciones, porque no solo da seguridad al cuerpo de opositores y sus familias, sino que da garantía de que todos los servicios públicos van a seguir funcionando y teniendo todos los recursos humanos para cubrir esas plazas», aseguró la ministra.
Batet, no obstante, evitó dar cifras por el momento. «No puedo adelantar la cifra porque estamos trabajando en ella, viendo todos los sectores y las necesidades con el objetivo de reforzar especialmente aquellos que tengan poco personal», explicó, al tiempo que precisó que «los sindicatos están ayudando y colaborando estrechamente con el Ministerio para que esta oferta cubra las expectativas y necesidades de los ciudadanos». Esto podría significar que en ningún caso será inferior a la del año pasado, cuando se lanzó una oferta nunca vista en la última década de más de 30.800 plazas públicas (de las cuales casi 2.000 eran nuevos empleos).
Los sindicatos, sin embargo, manifestaron a este periódico que no se trata de nada extraordinario ya que lo normal es concretar las plazas durante el primer trimestre del año, en este caso la negociación –precisan– comenzará en marzo y se aprobará vía Real Decreto a finales de dicho mes o principios de abril, algo lógico puesto que de no ser así los procesos selectivos se podría ir a 2020.
La novedad en este caso es el Gobierno se plantea aceptar la propuesta que han hecho algunas organizaciones de los trabajadores de recoger «por primera vez» una planificación plurianual –tal y como confirmaron fuentes del Ministerio a este periódico–, en el que se recojan las previsiones de empleo que habrá para probablemente los tres próximos años, aunque solo se apruebe la oferta de 2019. El objetivo es paliar el progresivo envejecimiento que afecta a la plantilla de la AGE, con una edad media que ronda los 52 años y con casi la mitad del personal con más de 60 años. De hecho, casi 3.500 superan los 64 años y están a las puertas de la jubilación.
Mismas tasas de reposición
A falta de concretar las cifras, desde el Departamento liderado por Batet precisan que la oferta responderá a la tasa de reposición existente en la actualidad, la misma de 2018, puesto que al no haberse aprobado unos nuevos Presupuestos no se puede considerar otra. De esta manera, se cubrirían el 100% de las bajas en los sectores considerados prioritarios (son más de veinte), se llegaría al 115% en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que la tasa se queda en un 75% con carácter general. Además,habrá una bolsa adicional del 5% para determinados sectores de la Administración, con plazas dirigidas principalmente a reforzar la atención de la Seguridad Social, la lucha contra el fraude, instituciones penitenciarias, prestaciones y políticas activas de empleo, emergencias o atención al ciudadano.
Cabe recordar que el Gobierno ya aprobó hace poco más de dos semanas una primera oferta de 1.735 plazas de refuerzo para atender servicios afectados por el Brexit, como adelanto a las plazas que convocará próximamente.
Se trata de otro guiño del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los más de 2,5 millones de funcionarios –que también votan el próximo 28 de abril– después de aprobar a final de año una subida de sus salarios del 2,25%, que se eleva ya al 2,5% por la previsión de crecimiento del PIB y que en algunos casos podría escalar hasta el 2,75% con el reparto de los fondos adicionales.