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El Gobierno se quedará con las competencias tributarias de las autonomías que incurran en una morosidad comercial persistente. Cuando el plazo medio de pago de una comunidad se eleve por encima de los 60 días –el doble de lo legal– durante dos meses consecutivos, las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado, según el Ministerio de Hacienda. Es decir: sería la Administración Central la que gestionaría los impuestos cedidos a dicha región, para pagar con ellos a los proveedores.
La otra opción para esas autonomías es adoptar un acuerdo de no disponibilidad de créditos. De no ponerse en marcha alguna de las dos medidas, Hacienda intervendría a dicha región. Es decir, enviaría una comisión de expertos para valorar su situación económico-presupuestaria.
Además, si lo solicita el ministerio que capitanea Cristóbal Montoro las autonomías deberán constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal.
Así lo contempla el Anteproyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que presentó el Ejecutivo el pasado viernes. La norma estará lista para finales de octubre.
Son medidas encaminadas a cumplir con la directiva europea contra la morosidad comercial, que establece para las Administraciones Públicas un plazo máximo de pago a los proveedores de 30 días.
Fuente: Expansión
