Este coste es consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2005 que condenaba a España por no permitir la deducción de las cuotas de IVA cuando los profesionales perciban subvenciones destinadas a la financiación de sus actividades.
La cantidad de 2.000 millones de euros es debida al elevado número de empresas afectadas por estas subvenciones entre las que destacan numerosas empresas públicas estatales, autonómicas y, especialmente, locales. Este coste se diluirá en tres ejercicios fiscales: 2005, 2006 y 2007.
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