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El Ministerio de Hacienda devolverá el importe de las sanciones y los intereses que los emigrantes retornados han tenido que pagar por regularizar la situación de la pensión que reciben de fuera.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer que la devolución de estos recargos supondrá un desembolso de unos 20 millones de euros. La Agencia Tributaria (AEAT) ha abierto 27.696 inspecciones a jubilados extranjeros residentes en España y a jubilados retornados por no declarar su pensión de un país extranjero. El Gobierno ahora quiere librar a estos emigrantes retornados de las sanciones e intereses derivados de las inspecciones.
Durante su intervención en el Congreso, el ministro recordó ayer que la reforma fiscal que está actualmente en tramitación parlamentaria incluye un proceso de regularización extraordinaria para que los emigrantes retornados y los extranjeros que se han retirado en España pongan en orden con el fisco la pensión que han recibido desde 2008 por haber trabajado en otros países.
Los que se acojan a este proceso de regularización, que estará vigente entre el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio, deberán abonar la cuota correspondiente del IRPF derivada de su pensión obtenida en otros países, pero no tendrá que pagar los recargos, multas e intereses por no haber liquidado el impuesto durante los años anteriores.
Las protestas de los jubilados retornados y extranjeros que se retiran en España han sido especialmente relevantes en Galicia y Andalucía. Muchos de los afectados habían acudido años atrás a oficinas de la Agencia Tributaria a consultar su situación y los funcionarios les decían que estaban exentas. Pero desde el año pasado el fisco comenzó a reclamar esas cantidades.
Ante las quejas de este colectivo, Hacienda ha dado un trato de favor a estos pensionistas concediendo aplazamientos automáticos sin necesidad de garantías a aquellos que tenían una deuda tributaria inferior a los 18.000 euros.
El ministro de Hacienda respondía en el Congreso a una interpelación formulada por la diputada del BNG, Olaya Fernández Dávila, quien se ha mostrado en contra del modo en que se ha planteado el proceso de regularización para este colectivo, según informa Europa Press.
Fuente: El País (18/9/2014)
