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Un informe del Ministerio de Hacienda reconoce que no es factible cuantificar el efecto recaudatorio que tendrá la nueva Ley de Lucha contra el Fraude aprobada por el Gobierno el pasado 22 de junio y que será tramitada como proyecto de ley en las Cortes, pese a que el ministro, Cristóbal Montoro, cifró en 8.000 millones de euros la recaudación adicional que propiciarán las medidas incluidas en dicho plan.
Según consta en la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al proyecto de ley, la falta de antecedentes en España para muchas de las medidas incluidas en el plan hacen que no resulte factible la evaluación cuantitativa a priori de sus eventuales efectos económicos, presupuestarios y recaudatorios con un mínimo grado de fiabilidad, cuestión que dependerá sobremanera de la reacción de los agentes económicos y de la eficacia de las modificaciones normativas que se introducen.
En cualquier caso, en el documento se apunta que las limitaciones en los pagos en efectivo y las iniciativas que ampliarán las posibilidades de la Agencia Tributaria para tomar medidas cautelares en casos de insolvencia o alzamiento de bienes, así como la eliminación de los aplazamientos de créditos en situaciones de concurso y el resto de iniciativas en esta línea son las que potencialmente podrían generar, de manera indirecta, unos mayores recursos públicos; además de incidir de manera positiva en la reducción de la economía sumergida.
Por otra parte, el documento de Hacienda apunta que los cambios en el régimen de módulos que se introducen en el anteproyecto de ley supondrán un aumento de los costes de cumplimentación para los afectados, así como mayores cargas administrativas derivadas de la mayor complejidad de las comprobaciones sobre la veracidad de los datos declarados.
Fuente: Cinco Días
