Hacienda estrecha el cerco sobre los fraudes en vivienda

La vivienda representa uno los grandes caballos de batalla del Gobierno en su lucha contra el fraude. Un frente en el que la Agencia Tributaria (Aeat) identifica tres grandes estafas: la compraventa en dinero negro, la deducción por vivienda no habitual y los alquileres no declarados. Según los Técnicos de Hacienda (Gestha), la evasión fiscal del sector promotor e inmobilario asciende a 8.800 millones de euros al año.
Para acabar con estas irregularidades y otras, la Aeat ha intensificado sus actuaciones a través de unos controles que, entre enero y julio, le han llevado a recaudar 6.415 millones. Sólo sobre inmuebles en alquiler ha iniciado 4.500 investigaciones, detectando que hasta un 75% no estaba declarado en determinadas áreas geográficas. Porcentaje que va en la línea de un estudio de Gestha que apuntaba a que el 55%de arrendamientos está sumergido –rentas por valor de 3.000 millones de euros anuales–.
Las actuaciones del organismo tributario han ascendido, por otro lado, a 750 en el apartado de visitas a viviendas que se presentaban como casa habitual (con derecho a desgravación) ante Hacienda y que, según los indicios, podrían ser realmente segunda residencia. De esta cifra, ha percibido riesgo fiscal en el 70%.
En cuanto a los pagos bajo cuerda, por ejemplo en la compra de un inmueble, el Estado tiene en marcha un plan especial con más de 12.000 actuaciones presenciales previstas para erradicarlos. Desde la Aeat recuerdan que el Gobierno ha limitado las operaciones en metálico a 2.500 euros y tanto el pagador como el receptor responden por igual ante este fraude. Por ello, la Agencia anima a que cualquiera de las partes denuncie al quedar protegida: El objetivo que se busca es que ambas tengan miedo, desconfíen una de la otra y hagan correctamente la transacción.
Para descubrir los alquileres al margen del fisco y la trampa de deducirse por vivienda que no es habitual, la Aeat lleva a cabo un cruce de datos de la Declaración de la Renta del propietario, el consumo de la luz y la referencia catastral además de otros indicadores que no pueden desvelarse por seguridad. En el caso de los arrendamientos no declarados, se comprueba en primer lugar que en esa vivienda existe un consumo eléctrico y posteriormente se visita para corroborar que quien reside es el dueño.
El método para destapar la infracción en falsas viviendas habituales también va ligado a la factura de la luz. En este punto, la Aeat diferencia una doble vertiente fraudulenta: cuando la casa está alquilada y cuando el inmueble es una segunda residencia. Si se trata de una segunda residencia, el consumo eléctrico se desploma durante los meses no vacacionales.
Estos inmuebles sospechosos, por tanto, no se visitan en periodos tradicionalmente de vacaciones –a no ser que también haya riesgo fiscal de que estén alquilados en negro– porque posiblemente no se encuentre allí el propietario. Además, al declararse como primera vivienda también se evita pagar por imputación de rentas (cargo fiscal a las casas en propiedad que no sean la principal).
Desde la Aeat aclaran que el objetivo de estas medidas antifraude no es tanto obtener una gran recaudación como el impacto positivo que pueda tener en la conciencia tributaria. Estas actuaciones son muy importantes para que la gente vea que defraudar se paga, ya sea porque lo sufren en primera persona o lo ven cerca, de manera que los ciudadanos desistan directamente de cometer ilegalidades fiscales, declaran en el organismo supervisor.
Pero si el delito ya se ha cometido y descubierto, el siguiente paso es contactar por escrito con el propietario para decirle que tiene un problema. Dependiendo de la gravedad, se hará una propuesta de liquidación, diciéndole lo que debe pagar a Hacienda; o se le informará de que se le ha abierto una investigación –si la estafa tiene visos de ser grave y compleja–.
De este modo, las sanciones varían dependiendo de la ocultación y trabas que ponga el contribuyente. Como poco, el defraudador debe pagar el dinero que le correspondía por su actividad no declarada o devolver lo deducido ilegalmente más un importe mínimo del 50% de la cantidad estafada. Un porcentaje este último que puede reducirse si se abona en conformidad y por pronto pago. Además, si una persona está cometiendo un delito fiscal también puede regularizar voluntariamente su situación abonando un recargo mínimo del 5% de lo defraudado.

Fuente: El Mundo