Hacienda estrechará el cerco sobre los desempleados con trabajos remunerados

La administración tributaria se ha fijado dos grandes objetivos en la campaña de este año contra el fraude, ambas dirigidas a perseguir la economía sumergida. De una parte, estrechar el cerco sobre los desempleados que contemporizan la percepción de algún tipo de prestación por parte del Estado con trabajos remunerados. De otro, los pagos en negro de los colectivos de profesionales.
El Gobierno quiere dedicar este 2011 a perseguir la economía sumergida. El Plan General Tributario publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge de forma explícita que se incrementarán las pesquisas para dar con las empresas que retribuyen en dinero negro para descubrir de dónde proceden las plusvalías que permiten efectuar tales pagos. En concreto, el plan prevé el incremento de las actuaciones de carácter presencial, con visitas a locales y negocios para detectar actividades sumergidas.
Esas visitas se realizarán conjuntamente con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, administraciones con las que cruzará datos.
Se considera que la economía sumergida puede alcanzar en España entre un 20% y un 23%, según los últimos datos procedentes del Ministerio de Trabajo. Se desconoce, no obstante, si ese porcentaje ha aumentado con el recrudecimiento de la crisis. Las actuaciones de la Agencia Tributaria conllevarán visitas in situ de los inspectores de Hacienda a locales de determinadas áreas geográficas, que persiguen obtener pruebas de que se realizan actividades económicas ocultas en determinados sectores productivos. Para acorralar y dar con posibles estafas, Hacienda perseguirá detectar actividades económicas cuya naturaleza no se corresponda con el tipo de actividad que se ha declarado.
También se pondrá la lupa en determinados inmuebles en los que conste un determinado consumo eléctrico y no tenga como uso empresarial aquel para el que está registrado. Uno de los sectores en los cuales Hacienda piensa dedicar una mayor atención a las actividades derivadas de la importación de bienes procedentes fundamentalmente de Asia y otros terceros países, así como la investigación de los canales de comercialización de los bienes importados, incluidas actuaciones de carácter presencial.
Asimismo, a los profesionales que tengan en sus comercios varios terminales de tarjeta de crédito se les averiguará si los utilizan como medio de cobro de ingresos no declarados ante la agencia tributaria.
Otro tema en el que se quiere hacer énfasis contra el fraude fiscal es en los signos externos de riqueza. Es decir, que determinados profesionales adquieran villas, yates o coches. Si los ingresos de estos contribuyentes no responden a semejante gasto o se perciben signos externos de blanqueo de dinero, se tratará de descubrir en qué países se ha hecho la posible operación. En el BOE se especifica también el caso de grandes corporaciones que aprovechan las reestructuraciones empresariales justificadas por la crisis para hacer ingeniería fiscal abusiva y para laminar la base imponible. Hacienda persigue seguir incrementando su recaudación por fraude fiscal, que pasó de 8.100 millones en el 2009 a más de 10.000 en el año 2010. (Fuente: La Vanguardia)