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Los Inspectores de Hacienda ya no rebuscarán en los papeles de los contribuyentes de los últimos cuatro años en búsqueda de fraude, sino que se limitarán a «los dos últimos ejercicios», según adelantó el Director de la Agencia Tributaria, D. Luis Pedroche
Durante un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Pedroche aseguró que así consta en el nuevo Plan de Lucha contra el Fraude presentado por Hacienda. «Hasta ahora las inspecciones se abrían respecto a los últimos cuatro años y, a partir de ahora, se buceará en dos ejercicios», afirmó Pedroche, antes de asegurar que, si en esa Inspección se encuentran indicios de fraude, se investigará más atrás, hasta los cuatro años fijados como prescripción. Según explicó Pedroche, esta práctica de concentrar las inspecciones en sólo dos años permitirá ampliar el número de contribuyentes a quienes se puede inspeccionar, lo que aumenta las probabilidades de encontrar más paquetes de fraude. El Director de la Agencia Tributaria insistió en la necesidad de modificar el modelo de persecución del fraude y pasar a buscar rentas y patrimonios ocultos, y no meros casos de diferencia interpretativa entre Hacienda y el contribuyente. En el capítulo de mayor presión inspectora, Pedroche reiteró que pondrán en marcha un protocolo para perseguir las tramas del I.V.A., especialmente en importación de coches de lujo, y también en la persecución del fraude inmobiliario, con un seguimiento desde el momento en que se producen las asignaciones de suelo por parte de los Ayuntamientos. También insistió en la persecución del fraude de facturas entre empresas, especialmente pequeñas y medianas, que tributan por el sistema de módulos. Pedroche destacó el éxito de la aplicación de la nueva Ley General Tributaria, que fijó rebajas del 25% de las sanciones para quienes decidieran no litigar con el Fisco, lo que ha provocado una caída del 30% en el coste medio de las sanciones que fija la Agencia Tributaria. Finalmente, anunció la intención del Gobierno de poner en marcha un modelo de «Código de buenas prácticas fiscales», al que se podrían acoger todas las empresas y sectores que estuvieran interesados, al modelo de los Códigos de buen gobierno corporativo. «Sería un mecanismo ético que nacería del entendimiento entre la Agencia Tributaria y estos sectores o empresas», dijo Pedroche, de manera que dejaría en evidencia a las sociedades o compañías que incumplen estos compromisos éticos.
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