Rajoy va a penalizar con dureza la fiscalidad de los blindajes de directivos y, para ello, quiere gravar hasta el 60% las indemnizaciones más elevadas. El Gobierno está trabajando en esta materia desde hace semanas, aunque aún no ha diseñado en su totalidad la fórmula y hay varias posibilidades sobre la mesa.
El modelo que cobra más fuerza, con el objetivo de lanzar un mensaje social mientras avanza la reforma laboral y otros ajustes, es que las indemnizaciones
altas computen en el límite máximo de IRPF y de Patrimonio, lo que puede hacerlas tributar al 60%. El Ejecutivo ha estudiado, incluso, introducir algún tipo de recargo adicional que podría elevar el gravamen hasta el 75%.
La Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece que lo que se tributa por IRPF más Patrimonio no puede superar el 60% de la base de lo que se ingresa por Renta. Es decir, el Gobierno quiere que cuenten en este límite las indemnizaciones cuantiosas que hasta ahora estuvieran exentas, que pueden acabar tributando por el 60% en todas las comunidades menos en Madrid, la única que no gravará Patrimonio en 2013. En esta autonomía, se introduciría un recargo equivalente que se llevaría el Estado.
En esta línea, el Gobierno también baraja redefinir o eliminarla exención del artículo 7 de la Ley del IRPF en caso de indemnización cuantiosa. Considera que no procede de la aplicación de la regla del Estatuto de los Trabajadores, sino que se trata de cláusulas contractuales pactadas que prevén una fuerte compensación económica para el caso de resultar despedido, tributando dicho importe pactado como rendimiento del trabajo no exento.
Otra de las medidas que estudia el Ejecutivo es rebajar el límite de 300.000 euros o el coeficiente de reducción del 40% que ahora está exento de tributación.
Fuente: Expansión