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Los asesores fiscales más veteranos recuerdan que en los primeros meses de la última amnistía fiscal –que duró entre junio y diciembre de 1991–, muy pocos contribuyentes se atrevieron a acogerse a los procesos de regularización ante el temor de que la Agencia Tributaria pudiera tomar represalias contra ellos. Entonces, Hacienda inició un agresivo plan de marketing para informar a los despachos fiscales de que la amnistía salvaguardaba la confidencialidad y de que no serviría para sustentar futuras inspecciones fiscales.
Ahora, Hacienda hará algo similar e iniciará una suerte de road show para informar a los asesores y despachos fiscales de que la amnistía supone una oportunidad de repatriar o aflorar dinero oculto a un coste muy bajo –se aplicará un gravamen del 10%– y sin riesgos para los contribuyentes. De hecho, el plan se ha puesto en marcha ante la falta de recursos públicos y, por lo tanto, el primer objetivo es lograr los 2.500 millones de ingresos adicionales presupuestados.
Para ello, resulta indispensable que el contribuyente tenga la absoluta certeza de que el hecho de aflorar dinero negro no supondrá pasar a formar parte de una lista negra. También es probable que se convoque el Foro de asociaciones y colegios de profesionales tributarios, un órgano creado recientemente para que la comunicación entre la Agencia Tributaria y los asesores fuera más fluida.
Hacienda reconoce que no le gusta aplicar una amnistía fiscal, pero asegura que es la única vía para evitar una subida del IVA. Ello sugiere que el Ejecutivo podría elevar los impuestos indirectos si no logra los 2.500 millones previstos.
Fuente: Cinco días
