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Indemnización a una enfermera por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

El Juzgado de lo Social número nueve de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) a abonar una indemnización de más de 195.000 euros a una enfermera que quedó incapacitada tras sufrir una agresión por parte de un paciente de urgencias psiquiátricas, por “incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales”.

Según detalla la sentencia, dictada el pasado 28 de enero por el magistrado Óscar González Prieto, la afectada, de 34 años cuando sucedieron los hechos -el otoño de 2015- , prestaba su servicio como personal estatutario eventual realizando funciones de enfermería en la unidad de Urgencias Psiquiátricas del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria.

El 25 de septiembre de aquel año, sobre las 14.30 horas aproximadamente, la enfermera se encontraba en su puesto acompañada de una auxiliar asistiendo a un paciente psiquiátrico, y cuando éste observó que la auxiliar se dirigía al servicio, “aprovechó para intentar escapar”.

Añade el fallo -adelantado por el periódico local La Provincia/Diario de Las Palmas- que la enfermera, al percatarse de lo que sucedía, llamó al paciente por su nombre, y éste, sin hacerle caso, continuó con un intento de huida, abriendo la puerta del servicio de psiquiatría. La enfermera le pidió que volviera a la zona de paciente, y el aludido se negó “de forma agresiva”.

“En un intento de tranquilizar al paciente”, expone el magistrado, la enfermera “puso su mano en el hombro de éste”, que reaccionó “agarrando del brazo izquierdo” a la profesional.

La trabajadora solicitó auxilio de su compañera, que acudió inmediatamente, “consiguiendo entre las dos que el paciente se relajara y volviera al servicio, soltándole el brazo”, detalla la resolución.

El mismo día de los hechos, la enfermera recibió asistencia sanitaria de lo que en principio no iba más allá de un “esguince de muñeca” pero, advierte la resolución, “la evolución de la patología fue inusualmente tórpida”, hasta provocar en la mano una inmovilidad que derivó en la declaración de incapacidad laboral permanente el 25 de mayo de 2017.

Actualmente, la afectada acusa rigidez severa en el miembro, dolor en las articulaciones y unas alteraciones -”edema, coloración, dedos en garra”- que “se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada”, destaca la sentencia.

El magistrado Óscar González ha aceptado la tesis de la demandante de que su incapacidad tiene origen en “la falta de prevención de riesgos laborales en el interior de un centro de trabajo del Servicio Canario de Salud”.

Ver sentencia aquí.

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