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La Audiencia Nacional tiene dudas sobre la constitucionalidad del decreto de recorte salarial a los

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia en la que hace constar sus "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit del pasado 20 de mayo referido al recorte salarial a los funcionarios en régimen laboral.
La Audiencia entiende que este artículo "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical" en relación con el derecho a la negociación colectiva.
El Alto Tribunal ha emitido esta providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de un conflicto colectivo planteado a instancias de los sindicatos CC.OO., UGT y SATNP contra el Ministerio de Economía y Hacienda, el Comité Intercentros de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT) y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios Espacio de Participación Sindical en la FNMT.
En el texto, fechado el 30 de septiembre y hecho público hoy, la Audiencia, de manera unánime, ha decidido conceder un plazo de diez días "improrrogables" a las partes (sindicatos, Ministerio Fiscal y Abogado del Estado) para que presenten alegaciones al planteamiento de la cuestión de constitucionalidad.
Asimismo, la Audiencia concede el mismo plazo a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen "lo que su derecho convenga" sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo del mismo al manifestar también los magistrados de la Sala sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad.
El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.
Según el letrado del Gabinete Interfederal de CC.OO. Enrique Lillo, esta providencia, "sin prejuzgar el sentido final del procedimiento", refuerza la posición defendida por el sindicato frente a la reducción salarial a los funcionarios y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados en el ámbito de las administraciones públicas para 2010.
El sindicato ha subrayado en un comunicado que mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales que ha iniciado en defensa de los empleados públicos, "promoviendo las iniciativas necesarias para su extensión a los cerca de tres millones de personas afectadas".
La rebaja salarial de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo oscila entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional. Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%.
Estas medidas comenzaron a aplicarse a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre –sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre–. Tras este recorte, los salarios públicos han quedado congelados en 2011.
El Gobierno ha afirmado que este recorte salarial a los empleados públicos le supondrá un ahorro de 2.300 millones de euros este año (desde su aplicación en junio hasta diciembre) y otros 2.200 millones adicionales en 2011, lo que suma un total de 4.500 millones de euros.
El recorte salarial a los funcionarios ha provocado la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos, entre ellos CC.OO., UGT y CSI-CSIF y el Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública ANPE, así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo. (Fuente: Europa Press)

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