La Comisión Europea ha llevado finalmente a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por haber incumplido una sentencia del mismo de 2006 que le obligaba a recuperar las ayudas ilegales otorgadas por las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Las ayudas se referían a créditos fiscales del 45% a las nuevas inversiones y las llamadas vacaciones fiscales vascas, que preveían una sustancial reducción de impuestos a las empresas de nueva creación en los primeros cuatro años tras entrar en beneficios.
Bruselas pide a los jueces de Luxemburgo que multen a España con 25.817 euros diarios por cada jornada transcurrida desde la sentencia del 14 de diciembre de 2006 hasta que el tribunal se pronuncie sobre esta nueva petición, probablemente en dos años. La cuantía de la sanción acumulada ascendería ya a día de hoy a unos 37 millones de euros si el tribunal aplica la multa propuesta por Bruselas.
Cuando se dicte la sentencia, si España no ha recuperado las ayudas, la sanción se podría elevar a más de 50 millones de euros. La Comisión Europea pide además al Tribunal de la UE que si cuando se produzca la nueva resolución judicial España continúa sin haber recuperado las ayudas ilegales, se le sancione con 236.044 euros diarios. Las ayudas por créditos fiscales dejaron de concederse en 2000, tras las investigaciones de los funcionarios de Competencia. La Comisión ha destacado que ya han transcurrido casi cuatro años desde que el Tribunal de Luxemburgo declaró ilegales estas ayudas fiscales y nueve desde que pidió a las autoridades españolas que las recuperaran. En julio de 2007, la Comisión envió a España una carta de requerimiento exigiendo que cumpliese la sentencia y recuperase las ayudas.
Y en junio de 2008 le envió un dictamen motivado advirtiéndole de que si no cumplía la sentencia sería llevada al Tribunal de nuevo, advertencia que cumplió ayer. (Fuente: Diario El País)
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