La Comisión Europea publica el cuadro de indicadores de la justicia en la UE correspondiente a 2017

La Comisión Europea publicó ayer el cuadro de indicadores de la justicia en la UE correspondiente a 2017, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE.

Su objetivo es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales. En comparación con los anteriores, el cuadro de indicadores de 2017 se centra en nuevos aspectos del funcionamiento de los sistemas judiciales, por ejemplo, la facilidad con la que los consumidores pueden acceder a la justicia y los canales que utilizan para presentar reclamaciones contra las empresas. Por primera vez, el informe también indica la duración de los procesos penales por delitos de blanqueo de capitales.

Las principales conclusiones del cuadro de 2017 son las siguientes:

• Procesos civiles y mercantiles más breves: Esto se ha conseguido incluso en varios Estados miembros cuyos sistemas judiciales atraviesan por dificultades. Esta mejora es más clara a lo largo del período de cinco años que a corto plazo.

• Análisis de la aplicación de la protección de los consumidores: Los Estados miembros son responsables de la aplicación del Derecho de la UE en materia de consumo. El cuadro de indicadores muestra que la duración de los procedimientos administrativos y el control judicial en este ámbito varían mucho según los países. También indica que las autoridades de protección de los consumidores logran resolver directamente muchos problemas de estos sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales.

• Análisis de la lucha contra el blanqueo de capitales: Según lo dispuesto en la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, los Estados miembros han facilitado por primera vez información al respecto. Esta pone de manifiesto duraciones muy diversas de los procesos por delitos de blanqueo de capitales, que pueden variar entre menos de un semestre y casi tres años.

• Acceso limitado a la justicia para los ciudadanos más pobres: El cuadro de indicadores muestra que, en algunos Estados miembros, los ciudadanos cuyos ingresos son inferiores al umbral de pobreza no reciben ninguna asistencia jurídica gratuita en algunos tipos de litigios.

• El uso de herramientas de TIC sigue siendo limitado en varios países: Si bien se usan ampliamente en la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y los abogados en la mitad de los Estados miembros de la UE, el uso de las TIC para la firma electrónica es muy limitado en más de la mitad de ellos. Nuevos datos sobre la manera en que los abogados utilizan las TIC para comunicarse con los órganos jurisdiccionales subrayan de nuevo la importancia de la comunicación electrónica para el correcto funcionamiento de los sistemas judiciales.

• Mejora o estabilidad de la percepción de la independencia judicial por la población en general: Así ocurre en más de dos tercios de los Estados miembros, en comparación con 2016. La tendencia es la misma para la percepción entre las empresas desde 2010. Entre los motivos de la percepción de falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces, las injerencias o presiones por parte de Gobierno y políticos han sido la razón más aducida. El cuadro de 2017 también presenta datos sobre las salvaguardias existentes en los diferentes Estados miembros para garantizar la independencia de los jueces. Esto refleja la gran importancia del Estado de Derecho en la UE.

• Normas de calidad: La mayoría de los Estados miembros tiene normas que fijan plazos o calendarios para evitar largos procesos judiciales. No obstante, esas normas no existen en algunos Estados miembros con sistemas judiciales menos eficientes.

Próximos pasos

Los resultados del cuadro de indicadores de 2017 se están teniendo en cuenta en la evaluación específica de cada país que se está llevando a cabo en el marco del proceso del Semestre Europeo de 2017. Los informes nacionales de los Estados miembros se publicaron el 22 de febrero de 2017 e incluyen conclusiones sobre los sistemas judiciales de varios de ellos (Bélgica, Bulgaria, España, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia)

Contexto

El cuadro de indicadores se centra en asuntos civiles y mercantiles contenciosos, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por sentar las bases para un entorno más favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:

• Eficiencia: duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.
• Calidad: indicadores sobre asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales, formación, supervisión de las actividades de los órganos jurisdiccionales, presupuestos y recursos humanos.
• Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre las empresas y la población en general, así como sobre las salvaguardias relativas a los jueces.

La mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales es una prioridad bien asentada del Semestre Europeo, que es el ciclo anual de la UE de coordinación de las políticas económicas. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE ayuda a los Estados miembros a alcanzar este objetivo al proporcionarles un análisis comparativo anual del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales. Este análisis se complementa con las evaluaciones específicas llevadas a cabo a través de un diálogo bilateral con las autoridades nacionales y las partes interesadas. Tal evaluación puede dar lugar a recomendaciones específicas para cada país sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales. En el Semestre Europeo de 2016, basándose en una propuesta de la Comisión, el Consejo envió recomendaciones específicas a este respecto a seis Estados miembros (Bulgaria, Croacia, Italia, Chipre, Portugal y Eslovaquia).

El cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. Las principales fuentes de datos son las de la Comisión para la Evaluación de la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa. Otros datos proceden de redes europeas, tales como la Red Europea de Consejos del Poder Judicial y la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea, el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y diversos comités en ámbitos específicos del Derecho de la UE.