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La Comisión Europea sigue estudiando con los sindicatos y las organizaciones patronales de la UE la manera de modernizar la normativa sobre contratos laborales, de modo que todas las categorías de trabajadores disfruten de contratos más justos y predecibles.
Con esta iniciativa, la Comisión continúa ampliando el pilar europeo de derechos sociales, con el fin de que los Estados miembros converjan hacia una mejora de las condiciones de vida y de trabajo.
La Comisión quiere ampliar el ámbito de aplicación de la actual Directiva sobre la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo a las nuevas formas de empleo, como el trabajo según la demanda, el basado en vales y el de plataformas, de modo que nadie se quede atrás. También hay que modernizar la actual normativa, teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral en las últimas décadas. Si mejora la información que se les ofrece puntualmente al llegar a un puesto de trabajo, los trabajadores tendrán más conciencia de sus derechos, y podrán más fácilmente exigir que se cumplan. A los empresarios, la actualización de la normativa les aportará más claridad y seguridad jurídica, y les evitará la competencia desleal.
Los interlocutores sociales pueden exponer sus puntos de vista sobre la actualización de la legislación de la UE sobre los contratos laborales hasta el 3 de noviembre de 2017. La Comisión tiene previsto presentar una propuesta legislativa antes de que acabe el año.
Antecedentes
El 26 de abril de 2017, la Comisión presentó el pilar europeo de derechos sociales en dos formas jurídicas de contenido idéntico: una Recomendación de la Comisión, aplicable desde esa fecha, y una propuesta de proclamación conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión. La redacción final del pilar europeo de derechos sociales consta de veinte principios y derechos que tienen por objeto lograr la convergencia hacia una mejora de las condiciones de vida y de trabajo en toda la UE. La Comisión considera prioritario hacer realidad los principios del pilar; por ello presentó en paralelo una propuesta legislativa concreta para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los padres y los cuidadores, e inició la primera fase de dos consultas de los interlocutores sociales: una sobre la modernización de las normas relativas a los contratos laborales, y otra sobre el acceso universal a la protección social. Del 26 de abril al 23 de junio de 2017, los interlocutores sociales pudieron exponer sus puntos de vista sobre ambas cuestiones. Ahora ha dado comienzo la segunda fase de la consulta sobre la modernización de las normas relativas a los contratos laborales, a la que pronto seguirá la del acceso a la protección social. Esta segunda fase de la consulta se basa en los resultados de la primera.
