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Las críticas de los operadores privados a la exención fiscal de los premios de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que pasará a estar parcialmente privatizada en noviembre, han despertado un aluvión de reacciones.
Según adelantó ayer EXPANSIÓN, Cofar, patronal que agrupa a empresas como Codere y Cirsa, advierte que podría recurrir a Bruselas al tratarse de un posible caso de competencia desleal.
En la Agencia Tributaria se limitan a defender que en su actuación se ciñen a lo que dice el BOE. Y desde el Ministerio de Economía y Hacienda dicen que Loterías conservará su actual estatus fiscal. Por su parte, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que presentó sostiene que ha realizado su trabajo. En éste, sin embargo, la CNC reconoce que, tanto los premios de LAE como los de Once, gozan de determinados privilegios fiscales que son susceptibles de hacer más atractivos los juegos que organizan frente a los que ofrecen sus competidores. LAE y Once reparten 6.000 millones en premios al año.
La exención española ha sido examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –sentencia del 6 de octubre de 2009–, que declaró que no opera contra el derecho comunitario, si se entiende que se debe aplicar a los premios obtenidos en juegos gestiona-dos por otros organismos públicos o cuasi públicos de cualquier otro Estado, similares a LAE y Once. De manera que el sistema podría mantenerse indefinidamente.
Sin embargo, un auto del Tribunal Constitucional del 26 de febrero de 2008, que argumenta que el juego privado tributa precisamente por no ser estatal, abre la vía, según algunos, para reclamar la presión fiscal sobre una lotería privada. (Fuente: Expansión)
