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El Gobierno informó la semana pasada de que las comunidades autónomas registraron un ligero superávit en el primer trimestre. Tres meses son un periodo demasiado corto para sacar conclusiones o para realizar proyecciones fiables acerca de lo que sucederá al cierre del año. Sin embargo, una mirada más sosegada a los datos autonómicos muestra un escenario inquietante. Así, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) –que grava la compraventa de viviendas de segunda mano– y de actos jurídicos documentados (AJD) –que se aplica sobre la constitución de un préstamo hipotecario– supuso 1.457 millones en el primer trimestre, un 23% menos que en el mismo periodo del año anterior.
El problema no es tanto el descenso de la recaudación, sino que los presupuestos de las comunidades para 2012 contemplan un aumento por ambos tributos, los más importantes entre los de titularidad autonómica. Así, las previsiones apuntan que este año se recaudarán 7.520 millones por ITP y AJD, un 17% más que lo ingresado el año anterior. El fallo en la estimación de los ingresos es la principal causa que explica que la Administración pública en España haya registrado en los últimos ejercicios unos números rojos muy por encima de la media europea.
En cualquier caso, resultaría especialmente grave que las comunidades erraran en sus previsiones por cuarto año consecutivo, cuando los efectos de la crisis, y en especial del sector inmobiliario, son patentes y a nadie pueden sorprender. Y, sin embargo, parece que será así.
Fuente: Cinco Días
