Con la entrada en vigor de los ajustes fiscales aprobados por el Gobierno, uno de los colectivos que más se verán afectados por estas medidas es el correspondiente a los profesionales autónomos y a las microempresas. Principalmente por el incremento de 6 puntos porcentuales en el IRPF y que es calificada como un recargo temporal y extraordinario.Esta subida repercutirá en una pérdida de un 9 por ciento de los ingresos de los autónomos, si sumamos IRPF e IVA, y por consiguiente, muchos de estos profesionales podrían optar por integrarse en el sistema paralelo de economía sumergida.
En palabras de Sebastián Reyna,secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos(Upta),estamos ante una subida confiscatoria, equiparable a la impugnada por el Colegio de Abogados de Barcelona en el año 99 y declarada nula por el Tribunal Supremo en sentencia del 2000.
Según Reyna,los efectos de los ajustes no serán cuantificables hasta los primeros meses de 2013, dado el oportunismo del periodo por el Gobierno para la efectividad de las subidas,y por el natural comportamiento del consumo. Reyna, confirma que será a partir de enero y febrero de 2013 cuando se podrá valorar la caída real del consumo y portanto, sus repercusiones fiscales.
Otro efecto es el hundimiento del microempresario y la pérdida del bagaje cultural de pequeñas empresas consolidadas, según opina Juan José de los Mozos, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Administrativos (Asefiget),quienes no tienen capacidad de defenderse y optarán por la economía sumergida como solución de supervivencia.
Ambos coinciden en que la amenaza real del incremento de la economía sumergida y el fraude fiscal favorecerá la aparición de una competencia desleal, que se traduce en empobrecimiento de la calidad de
los servicios profesionales,dadala falta de control y regulación;lo que beneficiará la picaresca de trabajadores no cualificados.
Fuente: El Economista