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La Unión Europea dio ayer un primer paso para combatir la erosión fiscal que sufren las haciendas públicas como consecuencia del fraude, la evasión y la elusión de impuestos por parte de particulares y empresas.
El acuerdo alcanzado por los 27 Gobiernos de la Unión en la cumbre celebrada en Bruselas hace un llamamiento para acelerar la tramitación de las directivas destinadas a armonizar la fiscalidad del ahorro, atajar el fraude en el IVA y evitar que las multinacionales realicen una planificación fiscal agresiva y el traslado de beneficios a las jurisdicciones de la UE más benevolentes.
Simplemente es injusto que las compañías más grandes y exitosas no paguen apenas impuestos, a pesar de que se benefician enormemente de la inversión del Estado en infraestructura, educación y formación, señaló el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en un duro discurso al comienzo de la cumbre.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, reafirmó su compromiso de presentar antes de fin de año una revisión de la directiva sobre matrices y filiales, que intentará frenar el trasvase ficticio de beneficios dentro de una multinacional.
Los datos que maneja la Comisión indican que como consecuencia de la evasión y la elusión fiscal, las arcas públicas dejan de recaudar un billón de euros al año.
Solo en España se pierden unos 72.000 millones de euros al año, cifra equivalente a casi el 7%del PIB nacional.
Entre los compromisos alcanzados destaca el de llegar a un intercambio de información automático y universal entre las haciendas públicas. El acuerdo se materializará el próximo mes de junio, cuando la Comisión Europea apruebe un nuevo proyecto de directiva sobre cooperación administrativa. Y una vez en vigor, el texto afectará a todo tipo de renta o contribuyente.
El Consejo Europeo también alcanzó un principio de acuerdo para cerrar antes de final de año la nueva directiva sobre fiscalidad del ahorro, que impondrá el intercambio automático de información sobre los rendimientos del capital, no solo de las personas físicas (como hasta ahora), sino también jurídicas.
La nueva directiva completa la aprobada en 2003, que dejó sin cubrir algunos instrumentos financieros como los seguros de vida, los fondos o los Sicav.
Ahora como entonces, Luxemburgo, cuyo sector financiero equivale al 2.200% del PIB del país, sigue siendo el principal obstáculo para la aprobación definitiva. Su primer ministro, Jean-Claude Juncker, no cedió ayer del todo y logró que la aprobación definitiva de la nueva ley dependa en parte de un acuerdo similar con cinco centros financieros ajenos a la UE: Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino.
Esta vez, sin embargo, la resistencia de Luxemburgo parece menos numantina, como consecuencia de la impaciencia de sus socios europeos y de la presión internacional, en particular de Estados Unidos, para atajar la fuga de capitales y la evasión de impuestos.
Luxemburgo, de hecho, ya ha comenzado a ceder. Y su primer ministro, Jean-Claude Juncker, confirmó ayer que su país aplicará desde el 1 de enero de 2015 la directiva actual sobre fiscalidad del ahorro, lo que supone el fin definitivo del secreto bancario sobre los depósitos de no residentes. Austria, el otro país que todavía no comparte datos bancarios de manera automática, también parece resignado a hacerlo.
Fuente: Cinco Días
