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La Comisión Europea se ha puesto en contacto con el Ministerio de Economía español para comunicarle que investiga los impuestos que han creado algunas comunidades autónomas para gravar las grandes superficies de distribución comercial, porque muy probablemente sean incompatibles con el derecho comunitario. Así lo anunció ayer el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en la clausura de la Asamblea anual de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged, que agrupa a El Corte Inglés, Ikea, Carrefour y Alcampo, entre otras).
Ese matiz muy probablemente es importante, porque significa que Bruselas se inclina, de entrada, por declarar ilegales los tributos que Cataluña, Asturias, Canarias, Aragón, La Rioja y Navarra aplican a los locales comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, por motivos medioambientales.
Si Bruselas declara que estos gravámenes son contrarios a la legalidad comunitaria, será un fallo de una gran importancia para el sector de la gran distribución que obviamente tendrá repercusiones y obligará a las comunidades autónomas que han puesto esos impuestos a cambiar el diseño, según García-Legaz.
El de las grandes superficies es un impuesto contra el que ha batallado mucho Anged, ya que, según los cálculos de la patronal de la gran distribución, el pago de 17 euros por metro cuadrado (la media exigida en las comunidades afectadas) se lleva entre el 35% y el 36% de su beneficio. Esa cifra es la que cobra, por ejemplo, Cataluña, impulsor y gran defensor de este tributo autonómico.
Fuente: Expansión
