El rescate a la banca sí lo pagará la sociedad española con nuevos ajustes y reformas estructurales. Técnicamente, el programa de asistencia al que se va a someter el Gobierno –hay que recordar que es el Estado quien recibe los préstamos y el que responde por ellos– no implica un nuevo programa de ajuste macroeconómico, aunque habrá una vigilancia estrecha y regular a las nuevas medidas que debe acometer el Ejecutivo dentro del procedimiento de déficit excesivo.
Tanto Bruselas como los técnicos del FMI que supervisen la ayuda van a asegurarse de que el Gobierno cumple una a una con las recomendaciones que hizo Bruselas a finales de mayo bajo el nuevo paraguas de supervisión macroeconómica que se denomina six pack. Ayer, el vicepresidente de la Comisión y titular de Asuntos Monetarios, Olli Rehn, reconoció que este rescate era necesario para devolver la confianza al mercado porque España ha sido el epicentro de las turbulencias financieras recientes, que han tenido repercusión en toda la Eurozona.
Así que al tiempo que llega la ayuda el Gobierno, va a tener que cumplir estrictamente con su compromiso de reducir el déficit estructural del Estado en una media de 1,5 puntos cada año hasta que sus cuentas entren dentro de los límites permitidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esto es, un déficit inferior al 3%. También deberá acelerar el retraso en la edad de jubilación, así como introducir un sistema impositivo consistente con los esfuerzos de consolidación fiscal, alejándose de una mayor presión a las rentas y avanzando hacia nuevos y más eficientes impuestos sobre el consumo y el medio ambiente.
El Gobierno tendrá que subir el IVA a pesar de sus constantes negativas para adecuarlo al tipo medio en la UE y eliminar productos y servicios de IVA reducido. También tendrá que eliminar, o al menos reducir, las ventajas fiscales que alimentan el endeudamiento y la propiedad de la vivienda. Es decir, acabar con la deducción por la compra de una casa que reinstauró el Gobierno de Rajoy cuando ganó las elecciones.
Otra medida que reclama Bruselas es reformar otra vez el mercado laboral para aumentar la efectividad de las políticas de empleo, incluyendo una mejor coordinación entre los servicios públicos nacionales y regionales. Aunque en sus recomendaciones no lo dice, la Comisión Europea sí ha expresado su preocupación por el hecho de que el coste de despido en los trabajadores indefinidos sigue siendo muy alto en comparación con los temporales.
El rescate a los bancos también va a obligar al Gobierno a hacer reformas en la educación para asegurar que se reduce el abandono escolar a edades tempranas, y se reclamará una revisión de las prioridades de gasto para reasignar fondos públicos al apoyo de la financiación de las pequeñas y medianas empresas, por lo que es posible que se amplíen nuevas líneas ICO.
Bajo el nuevo mandato de la Comisión Europea con las reglas que entraron en vigor en diciembre, el Ejecutivo Comunitario tiene ahora una capacidad de control mucho mayor sobre las cuentas nacionales.
La aprobación de los Presupuestos sigue siendo una cuestión soberana, pero el Gobierno tendrá que cumplir estrictamente con estas recomendaciones y con medidas adicionales si Bruselas percibe que la consolidación fiscal no va según lo previsto.
Fuente: El Mundo