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La necesidad agudiza el ingenio y las comunidades autónomas se han lanzado en los últimos años en busca de nuevos hechos imponibles para mejorar, con escaso éxito, sus maltrechas cuentas. Todo aquello que no es gravado por una Administración es susceptible de incorporarse en el sistema tributario. Así, existen tipos y tasas para bolsas de plástico, gases fluorados, tierras infrautilizadas, aprovechamientos cinegéticos, agua embalsada y un largo etcétera. Las comunidades autónomas han sido con diferencia las más proactivas en la creación de nuevos tributos en las áreas sobre las que tienen competencia.
En el año 2007, antes de la crisis económica, las comunidades contaban con 48 impuestos propios. En 2015, mantienen 76 figuras impositivas. En este grupo no entran tributos sobre los que las comunidades tienen amplia competencia, pero que son de titularidad estatal, como el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
Cataluña es, con diferencia, la comunidad que ha demostrado una mayor inventiva. En 2007 sumaba cuatro impuestos propios y hoy cuenta con 14 figuras impositivas particulares frente a las cinco de media en las comunidades de régimen común. Solo en 2014, el Ejecutivo de Artur Mas fijó cuatro nuevos tributos: el impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica y sobre las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno de la aviación comercial. También, estableció un gravamen sobre las operadoras de internet y sobre las viviendas vacías, este último en fase de tramitación. Detrás de Cataluña, Andalucía es la segunda comunidad con más impuestos propios. La Junta presidida por Susana Díaz cuenta con tributos que gravan, por ejemplo, las bolsas de plástico, las tierras infrautilizadas, la emisión de gases o los vertidos a las aguas litorales. Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en cambio, suman solo dos impuestos propios.
La mayoría de nuevos gravámenes guardan relación con la fiscalidad medioambiental y se justifican para reducir la contaminación. Sin embargo, su aprobación ha proliferado desde que estalló la crisis económica y la recaudación se derrumbó. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, que grava la compraventa de casas de segunda mano y trámites como la concesión de una hipoteca, aportaba a las comunidades 18.160 millones en 2006. Tres años más tarde, esa cifra se redujo a 7.500 millones.
Sin embargo, la capacidad recaudatoria de los impuestos propios es muy limitada y no ha cubierto el boquete dejado por los tributos tradicionales. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) apunta que, probablemente, el coste de gestión en algunos impuestos puede superar lo recaudado. De hecho, los últimos datos de Hacienda reflejan por ejemplo que Andalucía no recaudó ni un euro por el impuesto sobre tierras infrautilizadas. En un primer momento, el Ejecutivo tenía la intención de ordenar con la reforma fiscal la maraña de impuestos propios autonómicos para alcanzar un sistema más armonizado, una intención que finalmente descartó.
Fuente: Cinco Días
