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Las deudas pendientes de cobro se acumulan en la Agencia Tributaria, hasta alcanzar los 25.200 millones de euros en 2012, de acuerdo con la última memoria publicada por este organismo. Estos posibles impagos subieron en 3.800 millones respecto al anterior ejercicio (un 17,8% más), en una tendencia al alza que se ha acelerado desde que empezó la crisis, ya que el volumen de la deuda incoada va ligado a la morosidad en el resto de la economía.
Además, Hacienda, al contrario que los bancos, no puede elegir a sus clientes, por lo que su posición es más débil a la hora de gestionar las deudas, explica Francisco Latorre, exportavoz de los inspectores de Hacienda. Un montante total que se ha triplicado desde 2005 y ya equivale a un 2,5% del PIB.
Parte de este volumen de deuda depende de la gestión que Hacienda hace de los cobros de otros organismos, como las multas de Tráfico. Así, 2.900 millones corresponden a las deudas que los ciudadanos tienen con otros entes, una cifra que ha crecido un 13,5% respecto al año anterior.
Este volumen pendiente de cobro se acumula año tras año en los cajones de Hacienda. Si en 2012 entraron 14.200 millones para gestionar, la Agencia Tributaria apenas dio salida a 10.400 millones. Estas cifras quedan más mitigadas entre las deudas de otras entidades, dado que la mayor parte son pequeñas multas olvidadas por los ciudadanos que simplemente se cargan en la declaración de la renta para compensarlas, pero el agujero es mucho mayor en las deudas propias de Hacienda, que se ve incapaz de cobrar tres de cada diez euros que gestiona.
Según un experto en administración tributaria, la mayor parte de la deuda procede de aplazamientos y gestiones que podrían haber sido más ágiles, pero ha habido dejación y tensión interna por la introducción de nuevos procedimientos.
Y gran parte de estos se prolongan, porque el proceso de cobro puede durar hasta diez años y los tiempos van a peor. En primer lugar, la gestión pasa por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales (unos 3 años), el Central (unos 2 años) y, si finalmente se plantea un recurso contencioso administrativo, se puede alargar 5 años más. De esta forma, explica el experto, las gestiones contribuyen al colapso de la Justicia ordinaria.
Fuente: Expansión
