Alertas Jurídicas lunes , 17 mayo 2021
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Las empresas serán penalizadas por el trabajo irregular de sus subcontratas

El Ejecutivo está decidido a reforzar el control y las sanciones para procurar que las empresas contraten a sus trabajadores de manera legal, según informa Cinco Días. Patronal y sindicatos ya conocen el plan de actuación, contenido en el borrador del decreto-ley de medidas para el afloramiento y control del empleo sumergido. La idea es que, tras un periodo de gracia para regularizar la situación sin aplicar sanciones, Trabajo quiere contar con un importantísimo aliado en la lucha contra el empleo fraudulento: las propias empresas.
Según lee el documento, que podría llevarse mañana al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso el Diario, los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan. Es decir, responderán por las malas prácticas llevadas a cabo por cualquier empresa con la que tengan relación contractual.
El matiz introducido es importante, ya que hasta ahora las compañías solo tenían la obligación de rendir cuentas por las subcontratas que realizaban trabajos puntuales. Ahora se deberá comprobar la legalidad de las empresas con las que se trata antes de iniciar la actividad subcontratada, ya que de existir fraude se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados.
El endurecimiento del castigo al fraude tendrá que ver también con el recorte de beneficios de los que podrán gozar los infractores. Así, el borrador de decreto-ley establece que se amplía el plazo de exclusión del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por un periodo máximo de dos años para los supuestos de infracciones muy graves por conductas relacionadas con el empleo sumergido.
Estas sanciones accesorias se refieren a las ayudas de fomento del empleo, formación ocupacional y protección por desempleo. Asimismo, como ya pasa en caso de ser expedientado por Hacienda, las empresas que no tengan en regla a sus trabajadores tendrán prohibido contratar con las Administraciones públicas. (Fuente: Cinco Días)

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