Alertas Jurídicas sábado , 28 mayo 2022
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Las empresas vascas deberán pagar fuertes intereses por los incentivos ilegales

Las empresas vascas van a tener que pagar a las Haciendas forales fuertes intereses por las ayudas fiscales que recibieron en la década de los 90 y que la Comisión Europea obliga a devolver, al considerarlas ilegales y contrarias a la libre competencia. Ni la Comisión, ni el Gobierno vasco ni las Diputaciones forales han concretado hasta ahora cuál es el importe que deben reintegrar las compañías, que se movería, según las fuentes, entre 500 y 600 millones de euros de principal. A esta cuantía habría que sumar los intereses de demora, que ascenderían por lo menos a 200 millones, a una media del 4% –tirando por lo bajo– durante diez años largos, aseguran expertos tributarios.
De este modo, en torno a una tercera parte del dinero total que las empresas tendrán que pagar a las arcas forales por las ventajas fiscales corresponde a los intereses derivados del largo conflicto y a los sucesivos retrasos a la hora de buscar una solución.
La Hacienda de Vizcaya ha dado de plazo hasta el 14 de noviembre a 26 empresas que se beneficiaron de las ayudas ilegales –crédito del 45%, vacaciones y mini vacaciones fiscales– para que devuelvan de manera voluntaria 88,2 millones y cumplir así, por fin, los criterios de la Comisión Europea.
Ayer, Vizcaya justificó la nueva ronda de ejecución de ayudas fiscales iniciada tras el verano por el fin de “detener el cómputo de la multa (ahora de 46 millones) y de los intereses de la recuperación que tienen que abonar las empresas”. En 2007, 21 empresas de las 43 que se acogieron en Vizcaya a los beneficios fiscales devolvieron 96,3 millones de principal y 38,5 de intereses. Ahora, la Hacienda reclama a 26 compañías que reintegren 59,4 millones de principal y 28,8 de intereses. Guipúzcoa y Álava no han detallado sus cifras, aunque medios fiscales apuntan a que el mayor importe a recuperar corresponde, de lejos, a Álava, que sola sumaría más que los otros dos territorios. Estas fuentes centran el problema en la industria bodeguera que, al ser sector primario, no tendría derecho a ayuda alguna. (Fuente: Expansión)

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