El que no se acoja ahora al proceso de regularización está jugando a la ruleta rusa. Así lo advierte el socio y director del área fiscal de Broseta Abogados, Luis Trigo, que sostiene que el anteproyecto de medidas contra el fraude impulsado el viernes supone un gran aliciente para acogerse a la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó quince días atrás.
El Ejecutivo ha anunciado un endurecimiento de las medidas contra el fraude para garantizar el éxito de la amnistía fiscal que, según las previsiones de Hacienda, permitirá aflorar 25.000 millones de euros y recaudar 2.500 millones.
La principal novedad es la creación de una nueva obligación de informar sobre cuentas y valores situados en el extranjero. A través de este mecanismo, el Ejecutivo declarará la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. Ello supone que un contribuyente que hubiera abierto una cuenta con dinero evadido, por ejemplo, en 1980, podrá ser sancionado en cualquier momento en el queHacienda le descubra. Además, la Agencia Tributaria podrá imputar esa renta en los periodos no prescritos como una ganancia de patrimonio no declarada.
El cambio es significativo. Por ejemplo, ahora, un contribuyente que sea descubierto con una renta no declarada solo deberá responder ante el fisco por los intereses obtenidos en caso de que sea capaz de demostrar que ese patrimonio procede de un ejercicio prescrito. Con la nueva normativa, Hacienda podrá sancionar y hacer tributar por el principal (no solo los intereses) aquellos importes defraudados en periodos ya prescritos. Así lo señalan fuentes jurídicas y fiscales. El fraude fiscal prescribe a los cuatro años y a los cinco años cuando la cuantía evadida supera los 120.000 euros, umbral a partir del cual se considera que existe delito fiscal. Esos límites se mantienen.
Fuente: Cinco Días