El futuro criterio de caja del IVA, que entrará en vigor el 1 de enero, nace muerto, advierte la patronal Cecot. Según esta organización y Pimec, el sistema nace viciado, porque lo hace en un entorno de crisis que suscita la desconfianza de las partes implicadas ante la posibilidad de un impago futuro. En sendos comunicados, ambas patronales interpretan que la nueva normativa está coja y resultará inaplicable.
En el modelo inicial, la fórmula del criterio de caja del IVA implicaba que las pymes que facturasen enos de dos millones de euros anuales no estarían obligadas a pagar el IVA al presentarlo, sino cuando hubieran cobrado la factura. El objetivo era tan sencillo que las pymes sólo tenían que declarar el IVA de las facturas cobradas, dice David Garrofé, secretario general de Cecot.
Lo que pasa es que luego, al lanzarse la ley de Apoyo al Emprendedor (en julio pasado), el Ministerio de Hacienda empezó a negociar un nuevo modelo. Ante el miedo a no cobrar el IVA (la crisis ha disparado la morosidad y el riesgo de impago), Hacienda lanzó un modelo de arrastre que ha matado el concepto, añade Garrofé. La fórmula implica que los clientes de una empresa que se adhiera al criterio de cajaquedan afectados obligatoriamente: deben pagar el IVA al presentar su factura, pero no pueden repercutirlo sobre el proveedor hasta que les pague.
Visto así, es posible que algunas grandes empresas no acepten la aplicación del criterio de caja del IVA, de modo que sólo contraten a aquellos proveedores que no se acojan a la fórmula, dice Josep Maria Gimeno, presidente de la Comisión Económico-Fiscal de Pimec.
De hecho, Cecot ha elaborado una encuesta entre sus empresas asociadas para sondear el sistema, y sus conclusiones son muy negativas. El 100% de las gestorías y los despachos profesionales no se adherirán al criterio, al entender que no les aporta nada y les podría hacer perder clientes. Y el 87% de las empresas que facturan menos de dos millones anuales tampoco lo harán, bajo argumentos similares.
¿Soluciones? Garrofé, de Cecot, propone que se vuelva al sistema original. Se trata de eliminar el efecto arrastre, que está condicionando a los clientes y a sus proveedores. Supondría un riesgo para Hacienda (que en algunos casos podría perder parte de la recaudación por IVA), pero al menos la nueva normativa se aplicaría. De lo contrario, nacerá sin ninguna posibilidad.
Coincidimos con Cecot –dice Gimeno, de Pimec–. No puede ser que la fórmula se aplique sólo a las empresas que facturan menos de dos millones anuales. Se encuentran en peligro de ser boicoteadas por sus clientes, que apostarán por los proveedores que no se acojan al criterio.
Fuente: La Vanguardia