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Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron un 48,3% respecto al periodo enero-marzo de 2013, hasta un total de 4.162, en tanto que los expedientes se redujeron un 49,3%, hasta 4.893 procedimientos.
Siete de cada diez afectados (70,8%) por los procedimientos registrados hasta marzo eran varones y el 29,2% restante, mujeres.
Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió hasta marzo un 54,7% en tasa interanual, hasta sumar 10.016 trabajadores. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada afectaron a 31.886 trabajadores, un 60,1% menos, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 52,5%, hasta los 12.114 trabajadores.
Del total de procedimientos registrados hasta marzo, 4.597 contaban con acuerdo entre las partes, un 49% menos que en los tres primeros meses de 2013, mientras que 296 se efectuaron sin acuerdo, un 54,4% menos.
De los 54.016 trabajadores afectados por ERE hasta marzo, casi dos de cada tres, 34.058 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas.
Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 20.094 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 6.772 empleados. La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 384 trabajadores.
Por otro lado, los trabajadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 509 hasta marzo, los afectados por causas organizativas totalizaron 3.675, los de producción ascendieron a 15.315 y los de fuerza mayor, a 459.
La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.
No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.
La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.
De los 54.016 trabajadores afectados por un ERE en el primer trimestre, 17.332 proceden de empresas de 50 a 249 empleados, 8.558 forman parte de plantillas de entre 10 y 24 trabajadores, y 8.040 son de empresas de 1 a 9 trabajadores.
En las empresas de 25 a 49 trabajadores se registraron 7.426 trabajadores afectados, y en las de 1.000 a 4.999 hubo 3.160 empleados inmersos en un ERE. En las de más de 5.000 trabajadores en plantilla, los ERE registrados hasta marzo afectaron a 1.035 trabajadores.
La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta marzo provenían de la industria (24.770), con un descenso del 63,2% respecto al año anterior, y de los servicios, que recortaron un 52,8% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 22.661. En la construcción, los afectados totalizaron 6.276 (-43,9%) y en la agricultura, 309 (-66%).
Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta marzo fueron País Vasco, con 7.846 trabajadores implicados (-53,3%); Cataluña, con 6.968 afectados (-61,8%); Madrid, con 6.335 implicados (-57,1%), y Comunidad Valenciana, con 5.695 trabajadores afectados (-58,9%).
En términos relativos, las regiones donde más descendieron los trabajadores afectados por ERE fueron Asturias (-77,7%), Baleares (-72,5%) y Murcia (-71,2%). En todas las comunidades se registraron hasta marzo menos afectados por ERE que en el mismo periodo de 2013.
