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Más de 400.000 personas han llegado a beneficiarse de un sueldo procedente de alguno de los niveles del sector público sin que figuren en el registro oficial que maneja el Ministerio de Hacienda.
Ese registro es el denominado Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, recientemente actualizado con las cifras correspondientes al primer semestre de 2012 (cerradas el 1 de julio del pasado año). El mencionado informe contabiliza tanto a los funcionarios como a los asalariados del sector público con otro estatus laboral, todos los cuales sumaron un total de 2,63 millones de personas.
Sin embargo, ese número se eleva notablemente, hasta los 3,04 millones si se consultan los registros de la Encuesta de Población Activa relativos al segundo trimestre del ejercicio anterior (y, por tanto, cerrados también a 1 de julio de 2012).
La diferencia que media entre las cifras del censo del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro y los números que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) es notable: 405.000 personas. ¿A qué se debe la discrepancia? La causa fundamental estriba en que el estudio de Hacienda deja deliberadamente fuera a los empleados de los sectores más difíciles de controlar de las Administraciones.
En particular, la nota metodológica muestra cómo quedan excluidos, aparte de todos los altos cargos (cuyo nombramiento siempre obedece sobre todo a razones políticas), el personal que trabaja para las numerosas empresas públicas que tanto las comunidades autónomas como las entidades locales han creado en los últimos años.
Estos organismos constituyen la parte más oscura de la Administración, en la medida en que la ley permite que sus gastos queden fuera del cómputo oficial del déficit, como la Comisión Europea viene denunciando desde el año 2007, y además a la hora de conformar su plantilla, por lo general, no recurren a funcionarios de carrera (sólo el 1,5 por ciento de su plantilla tiene esa categoría) y no siempre están claros cuáles son los criterios de selección.
El INE sí que sigue la pista a este tipo de organismos, de hecho establece una rúbrica específica para ellos, y pone de manifiesto que, sólo por trabajar en empresas públicas de este tipo, cobraban un sueldo 142.000 personas. En los últimos meses, Hacienda presiona a los gobiernos autonómicos y a las entidades locales para que acaben con ellas, y aun así todavía se las han arreglado para aumentar su personal en los últimos trimestres hasta sumar casi 160.000 en el primer cuarto de 2013.
Con todo, el INE también llega más allá que el boletín estadístico de Hacienda al contabilizar el personal asalariado en otro tipo de organizaciones satélite de las Administraciones como los variopintos consorcios y fundaciones que han surgido a su alrededor. La EPA es también todo un testimonio de hasta qué punto el sector público puede convertirse en una maraña a través de la cual es muy difícil orientarse, incluso para aquéllos que están plenamente integrados en ella.
Hasta tal punto es así que Estadística ha tenido que crear un apartado para las personas que son asalariadas de alguna Administración, y como tales se reconocen pero que no son capaces de determinar cuál es.
En el segundo trimestre de 2012, el total de esas personas que no sabían identificar a su pagador ascendía a 1.300; con todo, remontándose más lejos en la estadística, puede descubrirse que en 2005 el número de desconocedores superaba los 15.000.
Fuente: El Economista
