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Llamarla adelanto, vestirla de complemento o dividir las del próximo año son algunas de las fórmulas que han utilizado Gobiernos autonómicos y Ayuntamientos para no dejar a sus funcionarios sin paga extra en Navidad.
En prácticamente todos los casos, el abono llegará en enero, en lugar de hacerlo en diciembre. En otros, la extra llegará menguada, pero en todos ha sido una decisión política, contraria a la medida del Gobierno de Mariano Rajoy, y con el fin de no hacer perder poder adquisitivo a los empleados públicos. Y de todos los colores, ya que las medidas han sido adoptadas por Administraciones gobernadas por socialistas, nacionalistas, regionalistas o incluso el PP.
Más de 80.000 funcionarios, de momento, han recibido o recibirán una cantidad extra. Pero a estos pueden sumarse otros muchos dependientes de Ayuntamientos que han optado por adoptar medidas voluntarias para que sea cada trabajador el que decida si cobra un adelanto, sobre todo, ante la incertidumbre de hasta dónde puede llegar el Gobierno a la hora de tomar medidas contra quienes no acaten la supresión de la paga extraordinaria.
El Ejecutivo no se ha cansado de advertir que actuará contra cualquier subterfugio pero el caso es que no parece haber encontrado todas las fórmulas legales para hacer cumplir, sin argucias, su decreto. Sí lo hizo con el País Vasco, que alegó el cumplimiento de su Ley de Presupuestos en la que se recoge el abono de 14 pagas. El Gobierno ha presentado un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, con lo que el pago ha sido suspendido. Ese ha sido el único territorio en el que, de momento, Rajoy ha conseguido atajar la insumisión a su decisión. Sin embargo, como señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, los servicios jurídicos del Estado analizan todos los acuerdos de las distintas corporaciones locales y territoriales que puedan suponer un incumplimiento de la ley para utilizar, en su caso, la vía contencioso administrativo oportuna.
Fuente: El País
