El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, fue el primero en declarar que quiere su parte de la amnistía fiscal.A Andalucía se ha unido de forma explícita Cataluña pero, la gran mayoría de las autonomías reclaman al Gobierno central lo que creen que les pertenece. Por una parte, demandan el 50% de lo que ha recaudado en sus respectivos territorios por IRPF. Además, también requieren la valiosa información que el proceso ha generado, lo que les permitirá exigir a muchos contribuyentes que paguen lo que deben en los impuestos transferidos, como es el caso de Sucesiones y Donaciones.
La reivindicación de las regiones incluye dos cuestiones distintas que el Ministerio de Hacienda debería dilucidar: primero, si las autonomías pueden aplicar la escala autonómica a dichas cantidades, es decir, si se pueden llevar el 50% de lo que ha recaudado este proceso del IRPF, como tienen cedido. En cambio, el Impuesto sobre Sociedades y el de la Renta de No Residentes son de competencia estatal. En segundo lugar, Hacienda debería estudiar cómo hacerlo, dado que en la declaración de la amnistía no se especifica qué impuesto de los concernidos se está regularizando, IRPF,No Residentes o Sociedades.
Fuente: Expansión