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El Secretario de Estado de Hacienda, D. Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha presentado un borrador del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que contiene más de trescientas medidas operativas, organizativas y normativas, a efectos de prevenir la evasión de
Fernández Ordóñez ha explicado que el Plan impulsará la investigación, las actuaciones en la calle y la búsqueda de nuevas fuentes de información que permitan descubrir rentas y patrimonios no declarados.Además, se hará hincapié en el cobro de las cantidades defraudadas descubiertas, para lo que habrá más actuaciones de control y se crearán Unidades integrales de Inspección y de Recaudación.En la actualidad existen dos problemas, a juicio del Secretario de Estado, ya que «los contribuyentes que defraudan tienen pocas probabilidades de ser descubiertos y cuando los descubren no pagan».Más de cincuenta de las medidas previstas están destinadas al sector inmobiliario, entre ellas detallar en la escritura el medio de pago, el seguimiento de las promociones y la inclusión de la referencia catastral en todos los contratos.Para combatir las tramas de fraude en el I.V.A. se plantean más de cuarenta actuaciones, como el establecimiento de la responsabilidad conjunta de distribuidores y compradores implicados en tramas y el control de las matriculaciones de automóviles de gama alta procedentes de operaciones intracomunitarias. Con el fin de evitar la evasión en los paraísos fiscales, el borrador analiza la posibilidad de limitar o impedir los traslados artificiales de gastos e ingresos entre sociedades del mismo grupo.Fernández Ordóñez señaló que «cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con una Agencia que había evolucionado enormemente en los últimos doce años en la asistencia al contribuyente» si bien, en cambio, «en controlar el fraude ha habido un periodo en el que se le ha dado menor importancia».Según el Secretario de Estado, la lucha contra la evasión es muy importante «porque tiene un efecto sobre los que no defraudan, ya que si evitamos el fraude podemos tener impuestos más bajos o conseguir que, pagando los mismos impuestos, tengamos mayores servicios». La clave está en que no haya fraude y para ello, según Ordóñez, se debe ejercer presión en aquellas áreas que están menos sometidas a la idea de ser descubiertas.
El borrador ha sido remitido a las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.), grupos parlamentarios, CEOE, sindicatos y Asociaciones profesionales, para que opinen sobre su contenido. Una vez concluido el plazo para recibir sugerencias, el Plan comenzará a funcionar el próximo año, aunque el Secretario de Estado apuntó que si bien las medidas operativas se aplicarán inmediatamente, las normativas requerirán un tiempo.En su elaboración han participado durante varios meses más de un centenar de funcionarios de la Agencia Tributaria que han analizado sesenta áreas de actuación.El Director General de la Agencia Tributaria, D. Luis Pedroche, afirmó que los medios que existen se reforzarán con aspectos tecnológicos, con la inversión en nuevo equipamiento de ordenadores portátiles y en desarrollos informáticos incluidos en los Presupuestos, que ascienden a 1.200 millones de euros.En cuanto a la posible creación de una policía fiscal encargada de perseguir este tipo de delitos, Ordóñez cree que «el modelo actual ha funcionado muy bien con la colaboración del Ministerio del Interior en el campo del contrabando y del narcotráfico, y lo que queremos hacer ahora es lo mismo con el resto de impuestos».
El Plan otorga especial importancia a la colaboración social, ya que se promoverán acuerdos de entendimiento con los sectores más afectados por el fraude para colaborar en su detección. La Agencia Tributaria ofrecerá sus servicios a los contribuyentes que inicien una actividad económica para asesorarles sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La creación de equipos de Inspección especializados que recopilen información y la analicen para planificar las actuaciones también es una de las novedades del Plan de Prevención del Fraude Fiscal.
Sector inmobiliario
El sector inmobiliario es el que más medidas aglutina en el borrador del citado Plan, ya que es propicio a la generación de dinero negro, por ocultación de las ganancias reales en muchas operaciones, y además es idóneo para «blanquear» dinero oculto al Fisco.
La ocultación de la titularidad de los bienes o de la intervención del operador económico en el proceso urbanístico, la declaración de transmisiones por valores inferiores a los reales y la ocultación de la explotación de los inmuebles son algunos de los fraudes más habituales en el sector inmobiliario.Para evitarlos, el Plan considera imprescindible contar con una planificación integral de las actuaciones de control y el impulso de las actuaciones de investigación.
El borrador también subraya que prevé realizar «Inspecciones verticales», actuaciones coordinadas y simultáneas acerca de diversas empresas que estén interrelacionadas o que realicen operaciones entre ellas.Según el informe del Ministerio de Hacienda, existe una fuerte percepción social de que el fraude está muy extendido en el sector inmobiliario, por lo que, además, en la medida en que incide en un bien social como la vivienda, fomenta entre los ciudadanos una sensación general de fraude fiscal.
La Agencia Tributaria reconoce que la información existente en las bases de datos corporativas es mejorable, ya que adolece de falta de calidad y se incorpora con retraso. Otro de los desajustes es que la organización del control y los métodos de trabajo aplicados presentan debilidades, con deficiencias de coordinación y de intercambio de información. En el ámbito organizativo, entre las medidas que propone el Plan para acabar con el fraude fiscal en el sector inmobiliario están, entre otras, la planificación integral de las actuaciones de control, la elaboración de indicadores de cumplimiento para detectar riesgos y la creación de equipos de Inspección especializados.En el campo de la información, se propone la estructuración adecuada de la información en las bases de datos de la Agencia Tributaria, la incorporación en la declaración del número de referencia catastral y el impulso de medidas de coordinación con otras Administraciones Públicas.En el ámbito de las actuaciones inspectoras se incide en el impulso de inspecciones verticales, la elaboración de una base de datos de criterios jurídicos aplicables y reforzamiento del control de pagos en metálico.Por último, en el área normativa, se analizará la viabilidad de obligar a consignar en las escrituras la descripción de los medios de pago utilizados y se promoverá la firma de acuerdos con las Comunidades Autónomas para la mejora de la información sobre transacciones inmobiliarias.
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