Entrar en una tienda y pagar más de 2.500 euros en efectivo no resulta habitual. Más común es abonar cantidades superiores a ese límite para hacer obras o reformas en la vivienda. Una y otra operación están afectadas por la prohibición de los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros, una medida que se incluyó en la nueva ley contra el fraude y que hoy entra en vigor.
La limitación atañe a ventas en las que al menos una de las partes sea un empresario o profesional. Así, no se podrá pagar más de 2.500 euros en efectivo si se compra un coche en un concesionario, pero sí cuando el vehículo sea de segunda mano y se adquiera a un particular. Lo mismo sucede con la vivienda. La restricción, que sigue el ejemplo de medidas similares adoptadas en Francia o Italia, persigue frenar la economía sumergida y acabar con el tradicional con IVA o sin IVA.
Incumplir la ley supondrá una sanción equivalente al 25% del pago realizado en efectivo y la Agencia Tributaria podrá exigir el cobro de la sanción al comprador y al vendedor o establecer que la multa se pague de forma solidaria. Si, por ejemplo, quien ha recibido el pago en efectivo es un empresario insolvente, la responsabilidad de abonar la sanción recaerá en su cliente. Y viceversa.
El secretario técnico del REAF, Luis del Amo, recela de la efectividad de la medida, ya que resulta difícil para Hacienda descubrir que dos empresarios o un empresario y un particular se han puesto de acuerdo para realizar un pago en efectivo superior a 2.500 euros. Sin embargo, la legislación formaliza la figura del delator fiscal. Es decir, quien incumpla el límite de los 2.500 euros podrá denunciar el hecho ante la Agencia Tributaria, lo que le exonerará de cualquier responsabilidad. El plazo máximo es de tres meses después de producirse el pago.
Fuente: Cinco Días