Seis millones de parados y la sociedad no ha estallado, es evidente que hay economía sumergida, dice Antoni Garrell, de la Fundació Gremi de Fabricants.
Aunque difícil de cuantificar por su propio carácter oculto, empiezan a conocerse ya algunas estimaciones fidedignas y, según los datos recogidos por el servicio de estudios de La Caixa, se calcula que en España esta economía, también llamada negra o B, equivaldría a un 18,6% del PIB. Lo que más llama la atención es el elevado peso del fraude en materia laboral. Un 8% del PIB o lo que es lo mismo un millón de empleos a tiempo completo. Su impacto en las cuentas públicas no es deleznable. Según el mismo estudio, se calcula que la erradicación de la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación fiscal entre 60.000 y 80.000 millones de euros (en el 2012 el total de recaudación fue de 347.000 millones). Incluso conformándonos con rebajar el porcentaje sumergido a los niveles de Alemania (13% del PIB) el impacto recaudatorio sería considerable: entre 18.000 y 20.000 millones de euros.
Los cálculos se basan en el informe que anualmente realiza el profesor austriaco Friedrich Schneider sobre la economía sumergida en Europa. Son cifras tan abultadas que inevitablemente deberán ser tenidas en cuenta en la nueva reforma tributaria que el Gobierno español ha planteado para el 2014.
Hay causas muy diversas que explicarían el fraude tanto fiscal y laboral, aunque los expertos destacan sobre todo dos. La primera, la complejidad que rodea a la normativa laboral y a los trámites requeridos para regularizar una situación. La segunda, que las cotizaciones resultan aún muy caras para los autónomos, que es el colectivo donde más se esconde el empleo irregular.
Avelino Hernández, director de mercados financieros del área de estudios de la Caixa, admite que también influye el grado de aceptación social, el hecho de que el fraude no cuente en general con una condena contundente por parte de la opinión pública.
Fuente: La Vanguardia