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Ataque frontal a las prácticas de los estudiantes de derecho

Los alumnos de derecho y los de las otras disciplinas en general, se verán perjudicados por la nueva normativa que promueve el actual Gobierno.

El Real Decreto para la revalorización de las pensiones públicas aprobado el pasado 28 de diciembre, incluye una disposición adicional quinta, en la que modifica el sistema vigente para la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas. Esta modificación abre la puerta a que sean los centros docentes los que tengan que hacerse cargo de esta cotización, con el quebranto económico que puede suponer, e incluso la eliminación de las bonificaciones que estaban vigentes hasta ahora. Esta medida puede afectar a más de 200.000  alumnos con un coste aproximado de 60 euros por alumno al mes.

 

Las prácticas académicas eran de dos tipos, las curriculares y las extracurriculares. Las primeras son una asignatura más del plan de estudios y son obligatorias para el alumno. Antes de la aprobación del Real Decreto indicado, las remuneradas no implicaban alta en la Seguridad Social, mientras que las remuneradas sí. Sin embargo, aunque el coste correspondía a las empresas, existía una bonificación del cien por cien. Con este Real Decreto, que fija un plazo de tres meses para desarrollar los aspectos concretos, el Gobierno iguala las prácticas curriculares con las extracurriculares. Las no remuneradas pasarán a tener que cotizar a la Seguridad Social. El coste estará a cargo de las empresas, salvo que en el convenio concreto que se firme se establezca que tal obligación corresponde al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios. En el caso de las prácticas remuneradas, no se contempla la bonificación del cien por cien que estaba vigente y se especifica que su coste estará a cargo de “a quien corresponda de acuerdo a la normativa aplicable en cada caso”. Según publicó el diario ABC, Carlos Andrade, Presidente de la Confederación de Rectores de las Universidades españolas, declaró que este Real Decreto “abre un escenario de inseguridad y un melón que puede tener graves consecuencias y perjuicios”.

 

En las próximas semanas veremos cómo reaccionan los Decanos de los diferentes colegios de abogados, que en muchos casos, son responsables a través de las escuelas de práctica jurídica de las prácticas de cientos de alumnos de los masters y cursos de acceso a la profesión de abogado. Este nuevo marco legal puede provocar que solo las instituciones de prestigio sean capaces de asegurar prácticas a los alumnos, quedando los estudiantes de muchas instituciones docentes sin posibilidad de realizar las prácticas preceptivas.

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